Santiago Villarreal Cuéllar
Históricamente los procesos
de paz en Colombia parecen más capitulaciones que verdaderas negociaciones
sobre temas fundamentales del estado. La amnistía e indulto del gobierno de
Gustavo Rojas Pinilla en 1954, fue la entrega de unos guerrilleros para que
posteriormente los asesinaran secuaces del establecimiento. Algo parecido
sucedió en 1959 con la amnistía promulgada bajo el gobierno de Alberto Lleras
Camargo, donde “Tirofijo” se acogió a los acuerdos, alcanzó a ser inspector de
obras públicas en el Tolima y cuando asesinaron los primeros amnistiados
retornó a las montañas hasta su muerte natural en marzo de 2008. Las
negociaciones con las guerrillas del M-19, Quintín Lame y E.P.L., iniciadas bajo
el gobierno de Virgilio Barco en 1988, y culminadas en 1990 en el mandato de
Cesar Gaviria Trujillo, si bien desembocó en la asamblea nacional constituyente
en 1991, logró solo algunos objetivos. Salvo la acción de tutela como
herramienta jurídica para hacer cumplir a medias los derechos fundamentales, el
resto del articulado sirvió al gobierno y sus aliados para estampar el modelo
económico neo-liberal y llevarnos al abismo, como el caso de la salud para no citar
sino solo este ejemplo.
Con todo el mosaico de
derechos consagrados en la Carta Magna, Colombia continuó siendo estos
veinticinco años el país con más violaciones a los derechos humanos registrados,
después de Honduras. Desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, asesinatos
sumarios por parte de la fuerza pública, y el fortalecimiento de grupos
para-militares por parte del estado para contrarrestar los insurgentes. Fue
otra página histórica de negociaciones y claudicaciones de la insurgencia que
resultó a bajo costo para el estado.
Las actuales negociaciones
entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las farc, quizá sean las
más baratas de la historia. Una guerrilla de la magnitud de las farc; la única
que alcanzó a dominar amplias zonas geográficas del país, que logró asestar
duros golpes a la fuerza pública, y terribles ataques en zonas urbanas, termina
relegada en zonas de concentración, entregando armas y sin que sus banderas
ideológicas que convencieron por más de cincuenta años a miles de colombianos
que engrosaron sus filas, y otros miles que ofrendaron sus vidas por esa causa,
no serán tenidas en cuenta. Salvo la reforma agraria, que temo quedará
estampada en el papel como otros acuerdos, pero no se cumplirá, es la única
bandera rescatada. Tanto derramamiento de sangre, tantas víctimas de todos
lados, para culminar opacadas y odiadas por la gran mayoría de los colombianos.
Sin embargo, prefiero esta paz barata del presidente Santos, que la costosa guerra
propuesta por el ex presidente Uribe.
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