Santiago Villarreal Cuéllar
Desde hace algunos años se convirtió en un
antro de corrupción la elección de contralores de ciudades y departamentos, lo
mismo que las personerías. Se sabe de cuantiosas sumas de dinero invertido por
quienes desean esos puestos, pagados a diputados y concejales para granjearse
el voto. Después de electos, estos funcionarios corruptos se dedican a
chantajear a cuanto funcionario pueden atrapar en sus voraces fauces, para
recuperar la “inversión,” y para llenar sus faltriqueras y salir a buscar otra
coloca y continuar esquilmando.
Esto lo sabe todo el mundo y el propio
contralor general de la nación, Eduardo Maya Villazón, corroboró los hechos,
pero presentó un proyecto de ley para superar la tragedia de la corrupción en
esos entes. Solo que la propuesta es parecida al viejo cuento del marido al que
la mujer lo traicionaba con un amante en el sofá de su sala. El esposo decidió
vender el sofá para acabar con el problema. Propone el señor contralor acabar con
estos entes en los municipios donde los hay, lo mismo que en los departamentos.
Quedaría solo la General de la Nación, que no es menos corrupta que las otras,
y si no, investiguen cómo salió su antecesor el doctor Julio Cesar Turbay
Quintero.
Dentro de las políticas públicas me parece
que la solución al terrible flagelo de la corrupción no se acaba suprimiendo
cargos. Muchos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, y demás
funcionarios de bajo rango incurren a diario en manejos indelicados. ¿Entonces
debemos acabar con las alcaldías, gobernaciones, asambleas, concejos y cuanto
despacho sea víctima de la pandemia de la corrupción? No, esa no es la salida
para este flagelo. Creo que los primeros que debemos formar un tejido social
contra la corrupción somos todos los ciudadanos, denunciando, creando el
escándalo. En muchas ocasiones no se dispone de pruebas para denunciar, pero si
comenzamos a hacer escándalo, utilizando las redes sociales, los medios de
comunicación, el periodismo independiente, los pícaros comenzarán a prevenirse
y menguará su accionar. Ha funcionado en muchas partes del país. En cuanto a la
elección de contralores locales, me parece que debe cambiarse la norma y dicha
elección debe hacerlo, primero una terna seleccionada por tres universidades.
Luego esa terna enviarla a los
tribunales administrativos para que sean los magistrados y no los diputados o
concejales quienes elijan el contralor. Puede que haya corrupción en las universidades
como ya se detectó con la escogencia de candidatos para personerías, pero no
permeará los magistrados. El funcionario que salga elegido no tendrá que pagar
favores a ningún político y seguramente ejercerá su labor con pulcritud.
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