Santiago Villarreal Cuéllar
Queremos paz sin impunidad, donde los jefes
guerrilleros paguen cárcel; es la frase constante de quienes pretenden un
proceso de paz condicionado para torpedear una verdadera reconciliación. Es
bueno remontarnos a la historia para conocer algunas causas del conflicto
armado y así entender el actual proceso. Las guerrillas colombianas y en
particular las farc, surgieron como principio de autodefensa debido a la
implacable persecución de parte del establecimiento. Después del 09 de abril de
1948, cuando asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán, el hombre que encarnaba el
espíritu de la renovación política; la esperanza de un cambio estructural
frente a una oligarquía enquistada en el poder, dividida en dos partidos que
defendían (y continúan, defendiendo) los mismos intereses; el pueblo se levantó
en desobediencia civil; tenía conciencia de la pérdida irreparable de la
promesa de cambio, y sabía que no sería fácil reemplazarlo. La respuesta del
establecimiento fue feroz, cruel, despiadada. Era preciso aniquilar toda
insurrección; y era necesario borrar de tajo cualquier acto de revivir la
propuesta de cambio; era preciso resguardar los más caros intereses económicos,
intocables, sagrados. La casta política, defensora de los privilegios
económicos y estatales debía castigar, y borrar del mapa los insurrectos; toda
propuesta contestataria debía ser cortada de cuajo. La oportunidad era
propicia, no solo para aniquilar la rebeldía popular, sino para esquilmar sus
pocos bienes, específicamente sus tierras, y anexarlas a los latifundios
existentes. Crearon los “pájaros,” y la policía Chulavita se convirtió en otro
brazo estatal para cumplir el macabro objetivo. Pedro Antonio Marín, alias
Manuel Marulanda, o “tirofijo,” fue el resultado de esa implacable persecución.
Él constituye el símbolo del hombre perseguido, huido y luego resistente;
auto-defenderse es un instinto natural del ser humano para conservar el bien
más preciado: la vida; revelarse contra el establecimiento perseguidor no solo
es un acto de legítima defensa, sino un derecho natural del hombre.
Los sucesivos gobiernos después de 1948,
nunca se preocuparon por realizar las grandes reformas sociales y estructurales
que necesita el país para mitigar el conflicto armado, sino que continuaron
defendiendo sus intereses económicos, y el de las multinacionales extranjeras.
El poder del estado se concentró en fortalecer las fuerzas armadas para
reprimir todo vestigio de protesta legal y armada. Los mismos que hoy reclaman
paz sin impunidad, son quienes han creído que la insurrección se combate
matando. Ahora pretenden que los insurrectos entreguen las armas y se metan en
la cárcel para pagar su delito de revelarse. Ningún grupo insurgente en el
mundo negocia la paz para ir a la cárcel. Negociar la paz no es sinónimo de
capitular.
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