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12/11/2016

Pena de muerte para los violadores


Santiago Villarreal Cuéllar

Mientras la muchedumbre esperaba en la clínica Navarra, la salida del presunto culpable de la violación y asesinato de Yuliana Samboní, los gritos histéricos repetían en coro: pena de muerte al violador. Algunos políticos oportunistas proponen abrir el debate sobre la cadena perpetua. Seguramente en la próxima campaña electoral,  más de un politiquero prometerá presentar proyectos para aprobar la cadena perpetua, la castración química o hasta pena de muerte para quienes cometan este execrable delito. Como la demagogia y el populismo están de moda en la política será una buena estrategia para atraer la simpatía de ese electorado aburrido y desconfiado, y así ahorrarse los tamales, el aguardiente, el cemento y los cincuenta mil pesos.

El reprochable delito de violación sexual contra niños, sumado al asesinato de los pequeños, es de los más horrorosos en cualquier parte del mundo. Basta recordar la tragedia ocurrida hace varios años en San José de Apartadó Antioquia, cuando los para-militares decapitaron varios niños y luego jugaron futbol con sus cabezas para darnos cuenta de la barbarie, o cuando violaban niñas de once y doce años. Claro que en ese momento no salió la muchedumbre a pedir la pena de muerte para los culpables.

Pero creer que la cadena perpetua, la castración química o la pena de muerte será la solución para impedir más violaciones, es una solución igual de bárbara. En Colombia la lucha debe centrarse es contra la impunidad y la corrupción de la justicia. Las penas actuales (sesenta años) para este delito son suficientes. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos no se puede probar la culpabilidad del delincuente, y es allí donde está la falla de nuestra justicia. Debemos crear un organismo de inteligencia que investigue y logre recopilar pruebas que constituya un verdadero acerbo que permita al juez asegurar el castigo del abusador. Los actuales investigadores no son suficientemente profesionales, ni cuentan con las herramientas necesarias para recopilar pruebas reina que permita al juez aplicar justicia. Por otro lado la corrupción de investigadores, fiscales y jueces también es evidente, y esto también impide la aplicación de la ley. Antes de aprobar leyes crueles y temerarias, debemos procurar el mejoramiento del sistema investigativo.            


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