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12/17/2016

Don Guillermo Cano y la corrupción política


Santiago Villarreal Cuéllar

Cuando el presidente Belisario Betancur presentó el proyecto legislativo en 1984 para aprobar la elección popular de alcaldes, los estudiantes de la época realizábamos marchas, mítines y acompañábamos las sesiones del congreso donde se debatía dicha iniciativa. Creíamos que estábamos poniéndonos a tono con una verdadera democracia, frente a una constitución de 1986, obsoleta, y retrograda.

Leíamos con preocupación los editoriales de El Espectador, escritos por don Guillermo Cano, quien se oponía rotundamente a esa trascendental reforma, argumentando que Colombia no estaba preparada para dar ese paso, y que la corrupción contaminaría con su vileza el oxígeno de las nuevas formas de expresión democrática.

Veníamos de un  régimen invadido por los más bochornosos escándalos de corrupción, jamás vistos. El gobierno del liberal  Julio Cesar Turbay Ayala, (1978-1982) permitió al Grupo Grancolombiano, bajo la presidencia de Jaime Michelsen Uribe, robar los ahorros a cientos de miles de compatriotas mediante fraudulentas operaciones en el Banco Nacional. Don Guillermo Cano, desde sus editoriales criticó enérgicamente semejante canallada de parte del banquero especulador y ladrón, bajo la mirada cómplice de un gobierno corrupto. Pero además, los editoriales de don Guillermo también criticaban la sistemática violación de los derechos humanos llevada a cabo por las fuerzas del orden, por mandato directo del presidente Turbay. Los allanamientos sin orden judicial, las detenciones arbitrarias, la tortura, los asesinatos sumarios, las desapariciones forzadas, fueron el pan de cada día en ese nefasto gobierno, solo superado dos décadas después por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Cuando se estrenó la elección popular de alcaldes en Colombia (1988), más del 40% de esos mandatarios fueron a parar a la cárcel porque se vieron involucrados en escándalos de corrupción. La mayoría porque “no supieron robar.” En los siguientes años esa corrupción se ha venido intensificando, pero los mandatarios, asesorados por expertos abogados, roban dentro de la “legalidad,” y muy pocos van a parar a la cárcel. A esto se añade la corrupción de contralores, procuradores, fiscales y jueces de la república, que reciben jugosas sumas de dinero a cambio de dilatar, archivar o declarar inocentes los corruptos. Gran parte de nuestra sociedad también es cómplice de esta podredumbre porque ha llegado a aceptar que los mandatarios, locales, regionales y nacionales, lo mismo que ediles, concejales, diputados y parlamentarios, se enriquezcan con dinero del erario. Estamos tocando fondo y es aquí cuando los principios enarbolados por don Guillermo Cano, son más vigentes que nunca.


Cuánta razón tenía este mártir periodista al señalar hace tres décadas que los colombianos no estábamos preparados para elegir alcaldes y gobernadores. No solo no estábamos preparados, sino que terminamos siendo cómplices de estos corruptos que invierten descomunales sumas de dinero financiando sus campañas, a sabiendas que ese dinero será recuperado mediante el robo al erario. Terminamos eligiéndolos porque regalan un tamal, pagan un jornal el día de elecciones, cancelan facturas de servicios públicos durante las campañas, o se comprometen con un empleo que en la mayoría de las veces no cumplen.                

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