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9/07/2016

Cuando los parias estorban


Santiago Villarreal Cuéllar

Acarreando sacos malolientes, llenos de cosas inservibles, corren de un lado para otro la manada de hombres, mujeres y niños, sucios, sudorosos, dejando a su paso un aroma de marihuana, y un frío y penetrante olor a pegante. La policía los golpea, no sin antes rociarlos con gas pimienta para torturar sus ojos, nariz, boca y cerebro. Cuando cesa la persecución, después de un breve descanso, en grupos emigran para algún barrio, pero son recibidos por sus moradores con palos, machetes y hasta armas de fuego. A los pocos minutos aparece nuevamente la policía y la batalla desigual se reanuda para continuar el desplazamiento forzado por parte de los representantes del estado. Ese estado inmisericorde que los abandona a su destino y que no les brinda la debida protección como lo reza la Carta Magna. En el estado social de derecho, para ellos no hay estado y mucho menos derechos. Son los parias de una sociedad cruel, insolidaria, e indiferente ante seres humanos que por distintas circunstancias cayeron en desgracia, y se convirtieron en los parias de la ciudad de Bogotá.

Desde el 28 de mayo, esta inmensa población marginada fue desalojada de su hábitat y obligados a desplazarse para cualquier parte, con un ingrediente horroroso: nadie los recibe, ni los tolera. Todos los persiguen. La ciudadanía “de bien” aplaudió al alcalde Peñalosa por su intrépida decisión. Razón tuvieron los anteriores alcaldes al no proceder a desmantelar la famosa calle del Bronx. Gustavo Petro les prodigó comida, salud, abrigo y hasta les manifestó que podían “fumarse tranquilos su cacho.” Como gran humanista, sabía perfectamente que antes de desalojar estos mal llamados habitantes de la calle, el Distrito debe tener un plan de contingencia para reubicarlos, rehabilitarlos o al menos alojarlos. Enrique Peñalosa pasará a la historia como el más grande violador de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por provocar el desplazamiento forzado, planificado y auspiciado por el estado, más gigantesco que se tenga noticia en la historia urbana de Colombia. Aquí cabe el interrogante: ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde la Procuraduría? ¿Por qué no se han pronunciado las organizaciones de derechos humanos? ¿Acaso estos entes también los consideran parias? ¿No son humanos estos indigentes y adictos a distintas drogas y alucinógenos? Ignoramos el desenlace de este trágico episodio. 

NOTA: El próximo 10 de septiembre se cumple un año del cruel asesinato de la periodista laboyana Flor Alba Núñez Vargas. No se han capturado los determinadores, y el presunto asesino parece favorecerlo la dilación del proceso y unas pruebas no tan sólidas. Clamamos justicia.             


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