Santiago Villarreal Cuéllar
Acarreando sacos
malolientes, llenos de cosas inservibles, corren de un lado para otro la manada
de hombres, mujeres y niños, sucios, sudorosos, dejando a su paso un aroma de
marihuana, y un frío y penetrante olor a pegante. La policía los golpea, no sin
antes rociarlos con gas pimienta para torturar sus ojos, nariz, boca y cerebro.
Cuando cesa la persecución, después de un breve descanso, en grupos emigran
para algún barrio, pero son recibidos por sus moradores con palos, machetes y
hasta armas de fuego. A los pocos minutos aparece nuevamente la policía y la
batalla desigual se reanuda para continuar el desplazamiento forzado por parte
de los representantes del estado. Ese estado inmisericorde que los abandona a
su destino y que no les brinda la debida protección como lo reza la Carta Magna.
En el estado social de derecho, para ellos no hay estado y mucho menos
derechos. Son los parias de una sociedad cruel, insolidaria, e indiferente ante
seres humanos que por distintas circunstancias cayeron en desgracia, y se
convirtieron en los parias de la ciudad de Bogotá.
Desde el 28 de
mayo, esta inmensa población marginada fue desalojada de su hábitat y obligados
a desplazarse para cualquier parte, con un ingrediente horroroso: nadie los
recibe, ni los tolera. Todos los persiguen. La ciudadanía “de bien” aplaudió al
alcalde Peñalosa por su intrépida decisión. Razón tuvieron los anteriores
alcaldes al no proceder a desmantelar la famosa calle del Bronx. Gustavo Petro
les prodigó comida, salud, abrigo y hasta les manifestó que podían “fumarse tranquilos
su cacho.” Como gran humanista, sabía perfectamente que antes de desalojar
estos mal llamados habitantes de la calle, el Distrito debe tener un plan de
contingencia para reubicarlos, rehabilitarlos o al menos alojarlos. Enrique
Peñalosa pasará a la historia como el más grande violador de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por provocar el desplazamiento
forzado, planificado y auspiciado por el estado, más gigantesco que se tenga
noticia en la historia urbana de Colombia. Aquí cabe el interrogante: ¿Dónde
está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde la Procuraduría? ¿Por qué no se han
pronunciado las organizaciones de derechos humanos? ¿Acaso estos entes también
los consideran parias? ¿No son humanos estos indigentes y adictos a distintas
drogas y alucinógenos? Ignoramos el desenlace de este trágico episodio.
NOTA: El próximo 10
de septiembre se cumple un año del cruel asesinato de la periodista laboyana
Flor Alba Núñez Vargas. No se han capturado los determinadores, y el presunto
asesino parece favorecerlo la dilación del proceso y unas pruebas no tan
sólidas. Clamamos justicia.
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