Santiago
Villarreal Cuéllar
Históricamente la
derecha colombiana ha jugado con los procesos de paz. Ha constituido una
valiosa estrategia para no hacer las reformas estructurales necesarias para
sacar al país de la inequidad social. Colombia ocupa el segundo lugar en
desigualdad en Latino-América, después de Honduras. Desde el frente nacional,
modelo político recomendado por Washington finalizando la década del cincuenta
del siglo pasado para Colombia (Pacto de Benidorm 1956) y Venezuela (Pacto de
Punto Fijo 1958), los sucesivos gobiernos se empeñaron en derrotar la
insurgencia armada mediante la represión militar, impidiendo el surgimiento de nuevas
opciones democráticas progresistas y castrando cualquier reforma al
establecimiento para cerrar un poco la brecha entre ricos y pobres. En la
década de los ochenta comenzó la derecha representada en los dos partidos
tradicionales (liberal-conservador), a poner en juego las cartas de la paz. En
el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se hicieron acercamientos con
todos los grupos guerrilleros, pero no se llegó a ningún acuerdo. El gobierno
de Virgilio Barco (1986-1990), reinicia la represión militar y fortalece los
grupos para-militares creados en la administración anterior. Utiliza la guerra
contra el narcotráfico para enrarecer más el ambiente y seguir aplazando las
reformas. Durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), se firma la paz con
el M-19, Quintín Lame, E.P.L. y otros reductos guerrilleros. Se deriva la
Constituyente, que si bien concibe un avance en los derechos fundamentales,
deja de lado la reforma estructural y continúa favoreciendo los grandes conglomerados
económicos. El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), juega nuevamente a la
paz, mientras en los dos periodos de Álvaro Uribe (2002-2010), juega a la
guerra. Juan Manuel Santos retomó la paz como caballito de batalla.
A las puertas del
plebiscito para votar por el sí o el no, la derecha decide dividir al país entre
quienes desean estar de acuerdo, patrocinados por los partidos de la coalición,
y aquellos que se inclinan por rechazar los acuerdos, liderados por el ex
presidente Uribe. Tan pronto se conoció la postura oficial del ex mandatario, la
firma Datexco publicó una encuesta donde
mayoritariamente favorece el no. El gobierno por su parte, para confundir más
al electorado, y como si quisiera darle ventajas a los seguidores de Uribe,
afirma que el plebiscito se votará sin la firma de los acuerdos. Esto me lleva
a pensar que después de cuatro años de negociaciones y a las puertas de llegar
a consolidarse el proceso de paz, el mismo gobierno, la misma derecha,
maquiavélicamente pueden estar engañando al país para retrocedernos al tormentoso
pasado de la guerra. Ojalá esté equivocado.
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