Santiago Villarreal Cuéllar
Todavía retumba en mi memoria el sonido de
las explosiones ocurridas la noche del miércoles seis de noviembre de 1985, en
el interior del palacio de justicia; vivíamos a seis cuadras y desde las doce
del día empezó el tiroteo, que solo cesaba por algunos minutos y luego se
reanudaba. Desde las cinco de la tarde prohibieron a los habitantes del barrio
donde residíamos salir a la calle; fue un toque de queda no decretado, como
solía ocurrir en los tiempos del estado de sitio. Los asaltantes del M-19
ingresaron al edificio, ganando el cuarto piso; en minutos el Ejército, Policía
y Das, entraron por la puerta principal y terraza, utilizando unidades
helico-transportadas; la mayoría de secuestrados y militantes del M, quedaron
atrapados; no había posibilidad de salir. Al comenzar la noche, los tanques del
Ejército dispararon contra la fachada principal del palacio, ocasionando el
incendio de la biblioteca y archivos; también utilizaron explosivos para abrir
boquetes en los muros y poder ingresar más unidades de infantería; el interior
del palacio que representaba la majestad de la justicia, se convirtió en un
infierno de fuego y sangre.
Los colombianos nunca comprendimos porqué el
presidente Belisario Betancur; el iniciador de los diálogos de paz con todos
los grupos guerrilleros; el que firmó amnistía e indulto en 1982, aquella
fatídica fecha de la toma del palacio de justicia, se negó a negociar. En 1980,
durante la toma de la Embajada dominicana por parte del mismo grupo
guerrillero, el presidente Julio Cesar Turbay, autor del estatuto de seguridad,
en cuyo gobierno bajo el argumento de combatir la guerrilla se violaron todos
los derechos humanos, superado solo por el gobierno de Uribe con asesinatos
sumarios conocidos como falsos positivos, negoció y cedió a la mayoría de
peticiones de la guerrilla. Betancur por el contrario, permitió que las fuerzas
armadas se desbordaran, asesinaran y desaparecieran a más de cien personas en
esa fatídica toma. Hasta la fecha solo dos oficiales del ejército han sido
llamados a juicio por desaparición forzada y sus condenas están en proceso. Pero
el principal gestor de ese holocausto, donde se cometieron crímenes de lesa
humanidad, Belisario Betancur, ni siquiera ha sido llamado a juicio; tampoco
han investigado la cúpula del Ejército y la Policía de esa fecha para que
respondan por esos crímenes.
Los principales responsables de ese hecho fueron
los dirigentes del M-19, pero fueron amnistiados e indultados en 1990. Fue un
grupo al margen de la ley. Los agentes del estado juraron defender la
constitución y la ley; y en esa horrorosa fecha violaron su juramento.
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