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11/10/2015

Treinta años de impunidad


Santiago Villarreal Cuéllar

Todavía retumba en mi memoria el sonido de las explosiones ocurridas la noche del miércoles seis de noviembre de 1985, en el interior del palacio de justicia; vivíamos a seis cuadras y desde las doce del día empezó el tiroteo, que solo cesaba por algunos minutos y luego se reanudaba. Desde las cinco de la tarde prohibieron a los habitantes del barrio donde residíamos salir a la calle; fue un toque de queda no decretado, como solía ocurrir en los tiempos del estado de sitio. Los asaltantes del M-19 ingresaron al edificio, ganando el cuarto piso; en minutos el Ejército, Policía y Das, entraron por la puerta principal y terraza, utilizando unidades helico-transportadas; la mayoría de secuestrados y militantes del M, quedaron atrapados; no había posibilidad de salir. Al comenzar la noche, los tanques del Ejército dispararon contra la fachada principal del palacio, ocasionando el incendio de la biblioteca y archivos; también utilizaron explosivos para abrir boquetes en los muros y poder ingresar más unidades de infantería; el interior del palacio que representaba la majestad de la justicia, se convirtió en un infierno de fuego y sangre.   
Los colombianos nunca comprendimos porqué el presidente Belisario Betancur; el iniciador de los diálogos de paz con todos los grupos guerrilleros; el que firmó amnistía e indulto en 1982, aquella fatídica fecha de la toma del palacio de justicia, se negó a negociar. En 1980, durante la toma de la Embajada dominicana por parte del mismo grupo guerrillero, el presidente Julio Cesar Turbay, autor del estatuto de seguridad, en cuyo gobierno bajo el argumento de combatir la guerrilla se violaron todos los derechos humanos, superado solo por el gobierno de Uribe con asesinatos sumarios conocidos como falsos positivos, negoció y cedió a la mayoría de peticiones de la guerrilla. Betancur por el contrario, permitió que las fuerzas armadas se desbordaran, asesinaran y desaparecieran a más de cien personas en esa fatídica toma. Hasta la fecha solo dos oficiales del ejército han sido llamados a juicio por desaparición forzada y sus condenas están en proceso. Pero el principal gestor de ese holocausto, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, Belisario Betancur, ni siquiera ha sido llamado a juicio; tampoco han investigado la cúpula del Ejército y la Policía de esa fecha para que respondan por esos crímenes.

Los principales responsables de ese hecho fueron los dirigentes del M-19, pero fueron amnistiados e indultados en 1990. Fue un grupo al margen de la ley. Los agentes del estado juraron defender la constitución y la ley; y en esa horrorosa fecha violaron su juramento.           

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