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5/22/2015

La tragedia de Salgar Antioquia


Santiago Villarreal Cuéllar
La dolorosa tragedia ocurrida en el municipio de Salgar Antioquia, como consecuencia del desbordamiento de la quebrada La Liboriana, constituye un campanazo de alerta sobre un hecho que puede repetirse en cientos de municipios colombianos. Poblaciones grandes y pequeñas, se asientan a orillas de caudalosas quebradas, pequeños y grandes ríos, cuyos suelos fueron sus lechos hace cientos de miles de años, pero las enfurecidas aguas regresan nuevamente en su búsqueda. Estos asentamientos, no solo fueron construidos en zonas de alto riesgo debido a la ignorancia sobre planeación urbanística durante la colonia, sino que continúan expandiéndose sin planificación de gobiernos locales y nacionales. No existe una legislación que obligue al estado a reubicar las familias que poseen sus viviendas en riveras de ríos y quebradas; la legislación existente sobre la prohibición para impedir la construcción en zonas de alto riesgo, es pasada por la faja debido a la politiquería que impide en la mayoría de municipios cumplir la norma. Estos politiqueros no miden las terribles tragedias humanas que ocurren por permitir hacer desvencijadas viviendas en lugares no aptos para construir. A esto se suma la extrema pobreza de nuestra gente, que ningún gobierno nacional ha querido combatir mediante reformas estructurales que haga más equitativo el sistema. También contribuye el terrible flagelo del desplazamiento forzado de millones de colombianos debido a la guerra interna, cuyas familias, cansadas de solicitar la ayuda gubernamental a que tienen derecho por su dolorosa condición, construyen sus viviendas en cualquier sitio, generalmente asentándose en zonas de riesgo.
Lo peor de estas tragedias, es que allí perece la gente más pobre de nuestro país; y más peor aún, es saber que todo pasa y nada se hace para prevenir nuevas tragedias. Es hora de actuar; el deber del estado es impedir que continúen proliferando asentamientos humanos en zonas de alto riesgo; y el deber del estado, no solo debe ser reubicar los asentamientos existentes, sino brindar una política de vivienda digna para cientos de familias en condiciones de pobreza extrema.



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