Santiago
Villarreal Cuéllar
La
dolorosa tragedia ocurrida en el municipio de Salgar Antioquia, como
consecuencia del desbordamiento de la quebrada La Liboriana,
constituye un campanazo de alerta sobre un hecho que puede repetirse
en cientos de municipios colombianos. Poblaciones grandes y pequeñas,
se asientan a orillas de caudalosas quebradas, pequeños y grandes
ríos, cuyos suelos fueron sus lechos hace cientos de miles de años,
pero las enfurecidas aguas regresan nuevamente en su búsqueda. Estos
asentamientos, no solo fueron construidos en zonas de alto riesgo
debido a la ignorancia sobre planeación urbanística durante la
colonia, sino que continúan expandiéndose sin planificación de
gobiernos locales y nacionales. No existe una legislación que
obligue al estado a reubicar las familias que poseen sus viviendas en
riveras de ríos y quebradas; la legislación existente sobre la
prohibición para impedir la construcción en zonas de alto riesgo,
es pasada por la faja debido a la politiquería que impide en la
mayoría de municipios cumplir la norma. Estos politiqueros no miden
las terribles tragedias humanas que ocurren por permitir hacer
desvencijadas viviendas en lugares no aptos para construir. A esto se
suma la extrema pobreza de nuestra gente, que ningún gobierno
nacional ha querido combatir mediante reformas estructurales que haga
más equitativo el sistema. También contribuye el terrible flagelo
del desplazamiento forzado de millones de colombianos debido a la
guerra interna, cuyas familias, cansadas de solicitar la ayuda
gubernamental a que tienen derecho por su dolorosa condición,
construyen sus viviendas en cualquier sitio, generalmente asentándose
en zonas de riesgo.
Lo
peor de estas tragedias, es que allí perece la gente más pobre de
nuestro país; y más peor aún, es saber que todo pasa y nada se
hace para prevenir nuevas tragedias. Es hora de actuar; el deber del
estado es impedir que continúen proliferando asentamientos humanos
en zonas de alto riesgo; y el deber del estado, no solo debe ser
reubicar los asentamientos existentes, sino brindar una política de
vivienda digna para cientos de familias en condiciones de pobreza
extrema.
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