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3/24/2015

Una cultura mafiosa


Santiago Villarreal Cuéllar
Desde su independencia nuestra bella Colombia cayó en manos de una clase dirigente con mentalidad mafiosa, para defender sus más preciados intereses económicos, representados en esa época en grandes latifundios. Los dos partidos políticos, liberal y conservador, fundados por terratenientes y prósperos comerciantes, terminaron defendiendo los mismos intereses, y la historia no ha cambiado hasta nuestros días. Las guerras libradas en el siglo antepasado y pasado por estos dos frentes políticos, sirvieron para desplazar y despojar de sus tierras a humildes y sencillos campesinos, cuyas tierras pasaron a engrosar los grandes latifundios de los jefes políticos. Con la decadencia de los dos partidos a mediados y finales de la década de los ochenta, astutamente crearon otros movimientos con nombres diferentes, pero con el mismo interés; continuar usufructuando el poder político para defender sus intereses económicos y sus fundos. La amenaza de las mafias del narcotráfico y guerrillas, obligó a esta rancia oligarquía mafiosa, crear grupos para-militares, no solo para combatir cruelmente a simpatizantes o servidores de narcotraficantes y guerrilleros, sino para continuar despojando las tierras que codiciaban para ensanchar sus haciendas.
En la década del noventa, con la imposición del modelo económico neo-liberal, esa cultura mafiosa se trasladó a todas las esferas del poder; desde los más remotos concejos y alcaldías municipales, pasando por gobernaciones, asambleas, congreso de la república, contralorías departamentales y general de la nación, juzgados, fiscalías y altas cortes. Debemos hacer algunas salvedades; todavía existen jueces probos, fiscales honrados y muchos funcionarios honorables.

No es raro entonces que un magistrado de la Corte Constitucional (Jorge Pretelt), haya sido acusado por abogados y colegas suyos de supuestos malos manejos en el ejercicio de su alto cargo; y es mucho menos raro que este señor, a quien solo el Santo Papa falta que pida su renuncia, se despachara por una emisora radial manifestando su negativa a renunciar y sindicara a sus colegas, al Fiscal General, y quien se le vino a la mente de supuestos malos manejos y persecución en su contra, y su familia. No tiene nada de raro que la fiscalía desde hace muchos años se ha convertido en una poderosa arma para perseguir adversarios vinculados a la clase política; y lo mismo han hecho con la Contraloría General de la Nación, y en otro tanto convirtieron la Procuraduría General, que durante estos dos periodos del señor Alejandro Ordoñez se volvió crónico. A las altas cortes, el concejo nacional de la judicatura y todos los altos entes estatales de nuestro país, llegó la cultura mafiosa para defender los intereses solo de aquellos que tienen con qué pagar.               

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