Santiago
Villarreal Cuéllar
A
lo largo de las negociaciones del proceso de paz entre el gobierno
colombiano y las guerrillas de las farc, han existido muchas voces
disonantes sobre la forma como se negociará la verdad, justicia y
reparación. Colombia suscribió el Estatuto de Roma el 17 de mayo de
2011, razón por la cual está sujeta a los preceptos de la Corte
Penal Internacional. Dentro de los estatutos se tipifica como
delitos, los de lesa humanidad el secuestro, la desaparición
forzada, el reclutamiento de menores y las masacres (genocidios)
contra la población civil; todos estos delitos los ha cometido las
farc en sus casi 60 años de existencia. De acuerdo a estos
parámetros, no solo los jefes de esa organización alzada en armas,
sino también sus guerrilleros rasos, tendrían que pagar cárcel en
territorio colombiano, así sea de forma simbólica, es decir, una
pena mínima de cinco, ocho o diez años; de no ser así,
correspondería a la Corte Penal Internacional, juzgar estas
personas, ya no en Colombia, sino en la Haya, sede de este organismo
judicial.
Muchos
colombianos están de acuerdo que no debe haber impunidad, y son de
la opinión de mandar a la cárcel a los comandantes guerrilleros.
Sin embargo, los voceros de los alzados en armas han manifestado que
no pagarán ni un día en la cárcel. ¿Quién tiene la razón?
Quienes han sido víctimas de las farc, tienen razón en resistirse a
perdonar, así se proclamen cristianos, vayan a misa o culto todos
los domingos, pero no acatan los mandatos de Cristo. Los jefes de las
farc también tienen la razón, pues no valdría la pena negociar
unos acuerdos que pondrán fin al conflicto para ir a parar a una
cárcel.
Los
colombianos debemos ser conscientes que si se está negociando el fin
de una guerra que ha desangrado al país durante seis décadas, debe
prevalecer el principio del perdón. De otra forma no tendría
sentido invitar al enemigo a una mesa para negociar cuántos años de
cárcel desea pagar.
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