Santiago Villarreal Cuéllar
La empresa Electrificadora del Huila, cuyo
pasado tiene un rastro imborrable de cubrir con sus redes y servicios la
mayoría del Departamento del Huila, a bajos costos en esa época, con aportes claro
está de otros entes estatales, tiene hoy un enorme reto con los habitantes del
sur del Departamento. Nunca el servicio en el sur ha sido bueno, teniendo
muchas falencias y apagones, pero en los últimos meses ha desbordado en un
verdadero caos. Diariamente los habitantes surhuilenses, y particularmente
Pitalito, sufre constantes y prolongados apagones, sin ser programados ni
suministrar ninguna explicación posterior por parte de las directivas de esta
empresa. Como consecuencia de estos cortes, las pérdidas económicas en los
diferentes sectores productivos son cuantiosas, y es imposible cobrarle a esta
empresa dichas pérdidas pues los marcos jurídicos en estos casos son ambiguos.
Los daños a electrodomésticos ni siquiera se cuantifican, constituyendo otro
dolor de cabeza porque tampoco existe claridad jurídica para demostrar la
responsabilidad de la empresa. Hace unos meses se presentó un apagón que se
prolongó por más de 24 horas y la explicación suministrada por las directivas
fue presentar la foto de una zarigüeya achucharrada, que según ellos fue la
causante del desastre. Los laboyanos creyeron la información, pero también
creyeron que el mal no volvería a presentarse. Sin embargo, todos los días, en
las mañanas, tardes, noches y madrugada, se presentan apagones.
Electrohuila es una empresa estatal, que en
muchas oportunidades el gobierno nacional ha querido feriarla al mejor postor para
cumplir las recetas del modelo económico neo-liberal, que afirman que la
empresa privada administra mejor y presta buenos servicios, pero no lo ha
logrado, y en mi opinión debe continuar en manos del estado pues constituye un
patrimonio público de todos. No obstante, la prestación del servicio es de pésima
calidad en el sur del Huila y carísimo. Algo grave sucede al interior de
Electrohuila zona sur y las directivas ocultan a la ciudadanía el problema.
Sabemos que no es culpa de ese valioso recurso humano compuesto por operarios y
personal administrativo, que se esmera por prestar un excelente servicio. Los
ciudadanos debemos recurrir al derecho fundamental de la acción de tutela por
el derecho a la igualdad para que esta empresa cumpla. Si en el norte del
Huila, particularmente la ciudad de Neiva, goza de buen servicio, ¿por qué el
sur no tiene el mismo derecho? O en el peor de los casos, si no se resuelve el
problema por esta vía, debemos solicitar a la Superintendencia de Servicios
Públicos, intervenir esta empresa para detectar y solucionar el problema.
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