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8/18/2014

Cárceles privadas en Estados Unidos: un gran negocio


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Por: Anahi Rubin
Estados Unidos, con 2 millones 500 mil  personas privadas de libertad, constituye  el país con la mayor población carcelaria del mundo, el 80 por ciento son latinos y afroamericanos.
El 16 por ciento de esta  población privada de libertad es alojada en cárceles privadas, según Carl Take, abogado de American Civil Liberties. Este  lucrativo negocio comenzó en los años 80, cuando el gobierno empezó a subcontratar el manejo del sistema penitenciario a distintas empresas.
En 1983 Jack Massey, creó la primera  empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of América (CCA). Al año siguiente surgiría Wackenhut Corrections Corporation, compañía que sería comprada por el Grupo Geo, la  segunda empresa   más grande del complejo industrial carcelaria.
CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91 mil presos, con ganancias de 1700 millones de dólares, el Grupo Geo por su parte posee 65 prisiones, alberga a 65 mil 700 detenidos y una ganancia anual de 1600 millones de dólares. Además estas empresas cotizan en bolsa, lo que aumentan sus ganancias.
La industria carcelaria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora del gobierno del republicano  Ronald  Reagan. Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres, con el tiempo se fueron extendiendo a los estados  del sur, lindantes con la frontera mexicana.
Cambios de leyes de inmigración
Estas políticas discriminatorias siguieron  con la llegada al poder del presidente Bill Clinton quien trasforma las leyes migratorias.  Junto con la complicidad de congresistas del sur endurecieron dichas leyes y abrieron las puertas del Departamento de Justicia para contratar cárceles privadas para miles de indocumentados.
Estas políticas continuaron con el presidente George Bush, quien implementó el Programa Streamline, dotando a la frontera fondos para que manejen su propio paralelo de justicia. Este programa continúa con el presidente Obama, con el Programa Comunidades Seguras (Secom, por sus siglas en ingles), que ha generado dos millones de deportados.
Todo lo que rodea a las personas que están presas, está relacionado con suculentas ganancias, no solo por las compañías que manejan el sistema privado, sino también por políticos del partido demócrata y republicano, quienes reciben dinero a cambio de flexibilizar leyes a favor de ellos.
Según la organización Open Secrets.Org, miembros de los dos partidos han recibido donaciones, especialmente el grupo de los ocho senadores que promueven la reforma migratoria.
Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado, cada uno recibió donaciones de $5000 (el limite por contribuyente), de CCA, Geo, sus inversionistas y familias. Aunque estas cifras serían superiores. Según Center For Responsive Politics las donaciones a políticos realizadas por CCA  ascendería a 1.9 millones de dólares y GEO 2.9 millones entre 2003 y 2012.
Cuánto cuesta un "cliente".
De acuerdo a thinkprogress.org, en 2012, un inmigrante detenido le costaba al gobierno $166 la noche. Ese mismo año, según el mismo sitio, el Buró Federal de Prisiones le pagó $5.1 mil millones de dólares a las compañías carcelarias privadas por 23.000 inmigrantes detenidos.
Las cárceles privadas se extienden a 30 de los 50 estados del país. Entre 1999 y 2010, la población carcelaria creció un 18%, pero el número de presos en cárceles federales y privadas aumentó en un 80%.
La Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), tiene contratos millonarios con estas empresas que manejan todo el proceso del detenido; incluyendo transporte, alimentación y cuidados médicos.
Ante todos estos números que reportan  ganancias, es muy difícil imaginar que la reforma migratoria llegue pronto a Estados Unidos, es que necesitan "clientes"que pueblen sus instalaciones.
Un informe de 2012 publicado por the Public Interest analizó 62 contratos de gobiernos estatales con estas compañías privadas y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80% de las camas, incluso si la criminalidad disminuiría.

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