Santiago Villarreal Cuéllar
Es la segunda vez que los medios de
comunicación descubren familias completas del departamento del Chocó,
muriéndose de física hambre. Antes hacían alarde de naciones africanas, de la
población haitiana durante y después del terremoto, que sufría terribles
hambrunas, pero no se habían asomado a las inmensas regiones rurales y urbanas
de Colombia donde familias enteras aguantan hambre. Ver primero la viga de
nuestros ojos, antes de observar la paja en el ajeno. El departamento del
Chocó, igual que otros departamentos colombianos, es rico en minerales, fauna,
flora y claro está, un recurso humano invaluable, compuesto en su mayoría de
afro-descendientes. Quizá esa sea la razón por la que el gobierno nacional y el
resto de esta sociedad colombiana, insolidaria, no ve, ni ayuda a resolver los
problemas de estas comunidades. El racismo en Colombia está latente y
justamente por esa circunstancia se expiden leyes para tratar de minimizar este
terrible flagelo.
Es vergonzoso que un país que gasta el 27%
del presupuesto nacional en la guerra; que se ufana de ser el país más feliz
del mundo; que llena plazas y hace desfiles, regando harina de maíz y trigo,
celebrando los triunfos de la selección Colombia; que gasta millones de pesos
en reinados de belleza; que tiene un congreso que absorbe miles de millones de
pesos en jugosos sueldos y prebendas; que su gobierno canta a los cuatro
vientos que en los últimos años la inversión extranjera se multiplicó por muchas
cifras; que cacarea diciendo que el crecimiento económico es de los mejores de
latino-América; que extrae petróleo, oro, carbón y muchos otros minerales,
tenga hijos de patria muriéndose de física hambre. Y lo peor es que no hace
nada para erradicar de raíz esta vergüenza.
El Chocó ha tenido la desgracia de tener los
alcaldes y gobernadores más corruptos del país. Presupuestos completos se han
dilapidado, o han ido a para a cuentas bancarias particulares, sin que ninguna
autoridad nacional ponga freno a tanta injusticia. Este departamento ha sido
invadido por guerrillas, para-militares, que han desalojado pueblos completos
para entregar tierras y regiones enteras al servicio del narcotráfico, la
minería, caza y corte de madera ilegal, y claro está, a la siembra de palma
africana. A eso se suma el gobierno nacional, que ha entregado concesiones a
multinacionales extranjeras para la explotación de oro y maderas finas. Durante
el gobierno de Uribe, se entregaron 800 mil hectáreas a una multinacional
canadiense para que explote maderas de teca, caoba, amarillo, chamú, entre
otras, mientras desplazaron miles de familias para que se murieran de hambre.
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