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6/23/2014

Las grandes represas del trópico ante el cambio climático. ¿Una solución limpia? *



Javier Gonzaga Valencia Hernández** y Érika Milena Muñoz Villarreal*** 



**Investigador líder de los grupos Estudios Jurídicos y Socio Jurídicos del Observatorio de Conflictos Ambientales, Universidad de Caldas, Colombia 
*** Estudiante de maestría en Ecología Humana y Saberes Ambientales, Universidad de Caldas



Ante el reto global del calentamiento de la biosfera y por tanto del cambio climático, los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) fueron establecidos en 1998 en el Protocolo de Kioto con la intención de minimizar o capturar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mismas que propician o refuerzan tal calentamiento.
Las represas del sector hidroeléctrico están entre los MDL más promovidos, particularmente en las regiones tropicales, donde hay una tendencia a construir grandes obras de este tipo. Sin embargo, resultan ser una falsa solución, o una solución sucia, puesto que, se observa, están aumentando las concentraciones de gas metano (CH4) en la atmósfera.
Además, generan conflictos sociales serios: en el marco de intereses mercantilistas por el aprovechamiento del agua para la producción de energía eléctrica, las poblaciones afectadas se oponen a la construcción de los grandes proyectos hidroeléctricos y defienden sus territorios, los ecosistemas, su derecho al agua y en general sus derechos humanos individuales y colectivos.
Cabe señalar que el Protocolo de Kioto, firmado en la actualidad por 191 países, enuncia los siguientes GEI aportados a la atmósfera por la actividad humana: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Sin embargo, el Protocolo enfatiza en su intención de reducción de un gas en específico: el CO2. Ello no implica que los demás gases de origen antropógeno no se intervengan; la alternativa planteada se ha orientado a equiparar las emisiones de los demás gases con el CO2, procedimiento conocido como dióxido de carbono equivalente (CO2 eq). Esto quiere decir que las emisiones de los GEI se calculan en equivalencia al CO2 emitido.
Los países industrializados (conocidos como Anexo 1 en el Protocolo) son lo que mayores toneladas de CO2 equivalente aportan a la atmósfera en comparación con los no industrializados (No Anexo 1).
Los países que no aportan grandes cantidades de GEI, como los ubicados en América Latina que sólo generan 10.3 por ciento, no están obligados a reducir emisiones sino que están convocados a servir como sumideros de carbono o a colaborar con los países Anexo 1 en la implementación de proyectos de mitigación de GEI. Así, los MDL son acuerdos establecidos entre los países Anexo I, con los No Anexo 1.
Las partes Anexo I deben notificar sus reducciones por medio de la implementación de proyectos energéticos, industriales, forestales o de transporte que no impliquen el uso de elementos naturales no renovables, como combustibles fósiles y carbón. Por su parte las partes No Anexo I pueden implementar tecnologías y proyectos de fuentes renovables con el propósito de apoyar a las partes Anexo I para que éstos cumplan sus compromisos de reducción de emisiones.
Uno de los MDL pioneros en este mercado de captura de CO2 son las hidroeléctricas, las cuales, al producir energía eléctrica mediante una fuente renovable, como lo son las fuentes fluviales, han logrado posicionarse como una de las tecnologías “limpias” para enfrentar el cambio climático.
La Asociación Internacional de Hidroelectricidad (IHA), una organización que integra empresas públicas y privadas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones financieras, comunidades y academia en torno al sector hidroeléctrico, sostiene que la energía generada a partir de afluentes de agua es energía soportada en elementos naturales renovables. Según Tracy Lane, director de la IHA, la infraestructura hidroeléctrica contribuye a la gestión del agua ya que “el almacenamiento de agua puede proteger a las comunidades de los efectos de las inundaciones y las sequías impredecibles, y los ingresos de la energía hidroeléctrica pueden ayudar a las finanzas de las infraestructuras de gestión de agua”.
Para el caso del trópico de América Latina, hasta abril de 2008 las represas representaban un 17 por ciento de los proyectos financiados como MDL, y más de mil 300 proyectos de represas (de los cuales casi la mitad son proyectos de grandes represas) se han registrado o buscan estar registrados como MDL. De estos proyectos, 17 por ciento están en América Latina.
En el caso de Colombia, la empresa ISAGEN figura como socia de la IHA. Ésta manifiesta que “Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en número de proyectos MDL registrados ante las Naciones Unidas, y el número 11 en el mundo”. Varios de los MDL que registra Colombia ante La Convención Marco de Las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) son de ISAGEN.
Una planta hidroeléctrica es un sistema que consiste en: 1) controlar el caudal de una fuente hídrica por medio de la construcción de una represa, y 2) generar energía mediante una planta eléctrica que contiene dos motores fundamentales: una turbina y un generador.
La contención de las aguas mediante la represa es conocida como embalse. Entre más grande sea la represa, mayor el embalse y mayores los impactos climáticos que se generan. Según la Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD), una gran represa es “aquella cuya cortina mide 15 metros o más desde la base hasta la cresta o, que teniendo una cortina de menor altura, tienen gran capacidad de almacenaje de agua”.
Falsa solución. Ahora bien, los cambios morfológicos producidos por las grandes represas implican también impactos climáticos tanto en los territorios locales como a nivel planetario. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Patrick McCully e International Rivers afirman que las grandes represas son una falsa solución al cambio climático, planteando así el concepto de represas sucias como manifestación contradictoria a las denominaciones de “alternativas limpias”, “energías limpias” o “mecanismos de desarrollo limpio”.
En este sentido, las represas sucias son una falsa solución porque: el cambio climático afectará de forma severa los lugares donde hay mayor concentración de construcción de represas; si el flujo de los ríos es cada vez más impredecible, represarlos no es una alternativa al cambio climático, dado que se generan incertidumbres de seguridad en la represas por posibles inundaciones. O si se generan sequías en los territorios, las represas pueden disminuir la capacidad y el flujo de los ríos aguas abajo.
Los embalses tropicales son fuentes de gas metano, esto es el segundo GEI en la lista del Protocolo de Kioto que puede alterar los microclimas en los territorios. Cuando los ríos fluyen de manera libre ayudan a capturan grandes cantidades de carbono, si se represan no es posible que este proceso se logre. El cambio climático afectará de forma severa los lugares donde hay mayor concentración de construcción de represas.
De igual manera, la generación energética aumenta la incertidumbre. La vulnerabilidad, ante los efectos del cambio climático, de las poblaciones humanas y especies de fauna y flora que habitan en las riveras aumenta cuando el cauce de los ríos se altera, y es más difícil para las personas y los ecosistemas aguas abajo adaptarse a un clima cambiante.
International Rivers anuncia que “en todo el mundo, el cambio climático está derritiendo los glaciares que alimentan los ríos más importantes, lo que contribuye a los apagones de las hidroeléctricas debido a la sequía, y amenaza el suministro de agua y de los recursos del río de miles de millones de personas. Como los ríos de todo el mundo experimentan cambios drásticos en el flujo debido a las represas, su habilidad natural para adaptarse y absorber perturbaciones disminuye. En lugar de ser parte de la solución, las presas sucias son demasiado a menudo una gran parte del problema”.
En América Latina la producción de energía hidroeléctrica se sustenta en el apoyo de los glaciares andinos, estos glaciares abastecen 81 por ciento de la electricidad de Perú, 73 de Colombia, 72 de Ecuador, y 50 por ciento de Bolivia, según International Rivers.
Si las represas se sustentan, en un alto porcentaje, de las zonas de glacial y éstas tienden a disminuir, los caudales de los ríos serán cada vez más impredecibles y las centrales no garantizarán la producción energética que se proponen. “Las represas grandes siempre han estado basadas en el supuesto de que los patrones de los caudales futuros serán semejantes a los del pasado; sin embargo, esto ya no es cierto. El cambio climático ha comenzado a cambiar los patrones de precipitación significativa e impredeciblemente. Por otra parte, las sequías más frecuentes hacen que muchos proyectos hidroeléctricos no sean económicos, mientras que por otro lado, la precipitación pluvial más extrema aumentará la sedimentación de las represas (lo que reduce sus vidas útiles) y aumentará el riesgo de fallas de represas y descargas catastróficas de agua”, afirma International Rivers.
Es importante decir que existen nuevas tecnologías para capturar el metano de los embalses tropicales para generar electricidad, lo que implicaría detener la operación de las centrales hidroeléctricas. International Rivers ha logrado tejer procesos de defensa de los territorios hídricos mediante acciones de educación, información y gestión política.
International Rivers viene presionando a la Junta Ejecutiva del Protocolo de Kioto para descartar los proyectos hidroeléctricos como MDL, para que no puedan acceder al mercado mundial de carbono. Por su parte, Greenpeace ha expresado que las hidroeléctricas, con una capacidad de generación de mayor a 30 mega vatios no son sustentables desde el punto de vista ambiental ni social.
Movilización social. Frente a los proyectos de construcción de las grandes represas y trasvases, se presenta una importante movilización social, política y jurídica en defensa del agua, del territorio, de los derechos humanos y de los derechos ambientales de los habitantes afectados. En el estudio de los conflictos ambientales relacionados con los proyectos hidroeléctricos se han identificado ejemplos paradigmáticos de resistencia y luchas de las comunidades en donde se evidencia el ejercicio ciudadano del derecho de acceso a la justicia ambiental. La puesta en marcha de mega proyectos hidroeléctricos es el origen de la situación de conflicto ambiental y social que viven cientos de comunidades en América Latina.
La intervención de las multinacionales en los grandes mega proyectos, impulsados por agencias trasnacionales, hace que se incremente la amenaza y vulneración de los derechos humanos en estos territorios, atentando contra derechos fundamentales a la vida, a la salud y al acceso al agua.
Colombia, como muchos otros países del trópico sur, está siendo fuertemente afectada en términos de diversidad cultural, protección y preservación del medio ambiente por la intervención que hacen las multinacionales por medio de mega proyectos hidroeléctricos, que generan riqueza para sus accionistas y asociados y pobreza para la población local, pérdida de la diversidad cultural y biológica, deterioro de las condiciones ambientales sustentables, entre otros problemas.
La experiencia de las comunidades asentadas en los territorios donde se desarrollan grandes proyectos hidroeléctricos es el sistemático desconocimiento de los derechos fundamentales, la afectación a su vida individual y social, el desplazamiento forzado y la pérdida de identidad, situación que se incrementa cuando se trata de poblaciones de comunidades indígenas y afrodescendientes, cuya dependencia cultural y social a sus territorios es ancestral.
Toda política que pretenda brindar unas condiciones de justicia ambiental y social que garanticen condiciones de paz en los países debe reconocer la posesión y propiedad de los territorios y recursos naturales que ancestralmente han pertenecido a las comunidades y pueblos.
Los conflictos ambientales relacionados con la presa de Zapotillo (México), HidroAizén (Chile), Belo Monte (Brasil), El Quimbo (Colombia), Babas (Ecuador), son algunos ejemplos de la fuerte oposición que presenta la construcción de las represas.
A pesar de las directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre la obligación de las empresas nacionales y trasnacionales sobre el cumplimiento de las leyes, políticas y reglamentos nacionales e internacionales para preservar el medio ambiente, cumplir con el principio de precaución y realizar la actividad comercial de manera que contribuya al objetivo más amplio del desarrollo sostenible, existen múltiples ejemplos de financiación de grandes trasnacionales financieras a proyectos altamente contaminantes, lo que hace un conflicto ambiental muy complejo al momento de resolverlo por la vía administrativa o judicial, porque están involucrados muchos actores, como los financiadores, los políticos locales y otros desarrollistas, además de los inversionistas. Todos ellos aumentan la masa de poder a la que se enfrentan los ciudadanos y organizaciones sociales en un litigio ambiental.
Conflictividad en los juicios. Son numerosos los ejemplos de la influencia política y el poder corruptor que tienen las empresas nacionales y trasnacionales en los ámbitos políticos y jurisdiccionales al momento de tomar una decisión de tipo ambiental. Las posibles consecuencias económicas y políticas que puedan tener las sentencias son un factor que pesa enormemente al momento de decidir un conflicto ambiental en los tribunales. No es fácil para un tribunal decidir mediante una sentencia que un determinado mega proyecto no se puede llevar a cabo, en donde ya se han invertido decenas de millones de dólares en estudios de impacto ambiental y de prefactibilidad económica, debido a la oposición de la comunidad por considerarlo altamente lesivo para sus vidas y para el medio ambiente.
En estas circunstancias, las personas o las organizaciones sociales que se atreven a utilizar los instrumentos del acceso a la justicia ambiental para proteger y defender sus derechos ambientales, se instalan en un escenario con desventajas antes y durante el litigio, por tratarse de litigantes ocasionales, que no cuentan con la experiencia del litigio en estos casos complejos, es decir, se encuentran en una gran desventaja frente a las empresas o al Estado, que son litigantes frecuentes, que cuentan con solvencia económica suficiente para contratar estudios y bufetes de abogados prestigiosos que defiendan sus intereses.
La transformación del conflicto ambiental sobre al agua, las interacciones entre los diferentes actores, la diversidad de los temas de estudio, las acciones ciudadanas, la interpretación que se hace del derecho ambiental por los jueces, magistrados, la administración pública y los juristas, pone en evidencia la complejidad de la problemática ambiental y sus formas de abordarla, por lo que se requiere que las personas se involucren cada vez más y que ejerzan su responsabilidad social y ambiental para con la biosfera y así avanzar en la construcción de la ciudadanía ambiental planetaria.

*El presente texto es una edición de una ponencia presentada en el Tercer Congreso de la Red de Investigadores Sociales Sobre Agua (Red ISSA), realizada del 9 al 11 de abril de 2014 en Guanajuato. La ponencia precisa que es un avance del proyecto de investigación “Desplazamiento ambiental de la población asentada en la eco-región Eje Cafetero: Incidencia de factores asociados por efectos del cambio climático”, que se desarrolla entre febrero de 2013 y agosto de 2014 en ese Eje, en Colombia.

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