Santiago Villarreal Cuéllar
En una decisión rápida, sin acatar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente de la república Juan Manuel Santos destituyó al alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro Orrego.
Desde diciembre del año pasado, el Procurador General de la Nación emitió un fallo arbitrario, destituyendo al mandatario de la capital del país y castrando sus derechos políticos por 15 años.
De inmediato comenzó una batalla jurídica con acciones de tutela que restituyeron a Petro en el poder y prologaron su mandato hasta el miércoles 19 de marzo de 2014, cuando el presidente Santos, en un acto de protagonismo electorero lo desvinculó definitivamente del poder.
Es seguro que los asesores de la campaña reeleccionista de Santos, aconsejaron al mandatario destituir al alcalde para ganar votos en la capital de la república, ante la avanzada uribista de las pasadas elecciones del 9 de marzo.
La reacción de Petro no se hizo esperar y de inmediato el alcalde destituido convocó una gigantesca manifestación en la histórica Plaza de Bolívar, donde pidió a las masas que agitaran el panorama político para convocar una asamblea nacional constituyente, que cambie los destinos de la nación para derrotar la oligarquía colombiana que continúa a toda costa manejando el país.
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