Santiago Villarreal Cuéllar
Por fin se descubrió lo que muchos sospechábamos estaba pasando al interior de la fuerzas armadas, en este caso el ejército, donde la propaganda los ha mostrado como héroes, que en realidad muchos, especialmente los soldados, sí lo son.
Las revelaciones hechas por la revista Semana del 16 de febrero de 2014, sobre grabaciones de audios en los que se reparten jugosos contratos para favorecer aquellos militares que participaron en los falsos positivos, pone en tela de juicio la honestidad de la cúpula militar, encabezada por el mismo presidente de la república Juan Manuel Santos, comandante supremo, su ministro de defensa Juan Carlos Pinzón, el general Leonardo Barrero y muchos otros generales, tenientes coroneles y coroneles.
Pero no era para menos: es que desde el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, autor intelectual y determinador de los falsos positivos, conjuntamente con su ministro de defensa de entonces, Juan Manuel Santos Calderón, resolvieron "silenciar" a todos los oficiales involucrados en los delitos de desaparición forzada y asesinatos sumarios. A cambio de no mencionar los nombres de Uribe, Santos y otros altos oficiales, les concedieron privilegios especiales al general Rito Alejo del Río, su familiar el coronel Robinson González del Río, y muchos otros oficiales responsables y ejecutores de los falsos positivos.
Entre esos privilegios, no solo el de poder salir de las guarniciones donde están fungiendo como detenidos, sino otorgando jugosos contratos para que con el dinero producto de las "mordidas" se paguen el silencio de no denunciar a Uribe y Juan Manuel Santos, como los directos responsables de los genocidios y demás delitos de lesa humanidad, cometidos durante la Era del Terror que vivió el país en los ochos años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Violaciones que han continuado cometiéndose en este gobierno de Santos y de ser reelegido, continuará igual, y sobre todo tapando los delitos anteriores a costa de robarse el dinero destinado para los "héroes" de la patria. Dinero que es de todos los colombianos y que bien se podrían invertir en mitigar la pobreza que viven millones de colombianos que no tienen ni para comer.
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