Santiago Villarreal Cuéllar
El fallo emitido el 09 de diciembre de 2013, por el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado, destituyendo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Orrego y condenándolo por 15 años para que no pueda ocupar cargos públicos, es a las claras un fallo político e injusto.
Mientras a otros políticos de la derecha, involucrados en delitos de corrupción, los fallos han sido casi simbólicos, o a veces complacientes, en este caso, como en el Piedad Córdoba, es marcadamente político y se trata de impedir que estas personas, que no piensan igual que el procurador, no puedan volver a participar en la política activa.
A los dirigentes de izquierda de este país se les venía asesinando hasta hace ocho o diez años, pero después de la llegada del procurador Ordóñez, la derecha encontró un sistema más decente, enmarcado dentro de la "legalidad" para inhabilitarlos políticamente.
El supuesto delito cometido por Gustavo Petro, fue tratar de quitarle el negocio de las basuras a unos empresarios que sobornaban a los alcaldes de turno y tratar de crear empresas públicas para administrar el aseo de la capital.
El otro delito fue prohibir el uso de la Plaza de Santamaría para matar toros, mientras unos pocos se divierten con el dolor de los animales.
Otro delito fue incluir los indigentes y drogadictos a planes de salud, suministrarles drogas y someterlos a tratamientos médicos para rehabilitarlos, y darles comida diariamente en los comedores populares.
También cometió el delito de prohibir el uso de caballos como transporte dentro de la ciudad, los famosos carruajes conocidos como "zorras," y ofrecer crédito a los dueños de los caballos para que compraran u pequeño carro y se rebusquen la vida en condiciones más dignas.
Esos delitos no los perdona la oligarquía, enquistada en el poder y ahora representada con toda su implacable soberbia por parte del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.
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