Por Análisis Urbano
El
crimen urbano que está asentado en la ciudad Medellín va más allá de ser simple
delincuencia común; es un crimen organizado que ha tenido como característica
principal -a partir de la incursión en la ciudad de los paramilitares de Urabá
a finales de la década de los 90- combinar para-militarismo y mafia. Desde
entonces las bandas han mutado hasta convertirse en verdaderas empresas del
crimen en la ciudad metropolitana.
Alias
Don Berna, como jefe visible, mas no el único, le dio un salto cualitativo y
cuantitativo a las más de 350 bandas criminales y a los jefes de agrupaban
parte de ellas, otorgándoles poder económico y militar en sus territorios,
aportándoles padrinos políticos y agregando la infaltable protección oficial.
Así logró convertirlos en subjefes y jefes intermedios de La Oficina, al
servicio de la junta directiva de esta estructura criminal, que no es otra cosa
que la fachada que representa a los clanes mafiosos del nunca desaparecido
Cartel de Medellín.
Y
estas bandas no son díscolas, como las catalogaba Jesús Ramírez, cuando era
secretario de Gobierno en la administración de Alonso Salazar. A estas bandas
se les dan libertad de acción mientras no riñan con la estrategia trazada, que
está basada en los pactos con sectores importantes de la legalidad tanto del
poder formal (administración municipal, fuerza pública, Fiscalía, entre otros),
como el del poder real (empresariado, políticos, mafiosos legalizados). Los
patrones del crimen han puesto a sus ejércitos armados al servicio de la
estrategia de seguridad –o inseguridad- compartida en el Medellín
metropolitano; una estrategia que sólo beneficia sus intereses económicos.
Casos
como la llamada “Donbernabilidad” o “Para-tranquilidad urbana” -que no ha sido
el único pacto realizado- así lo demuestran. A Medellín le pintan la cara todo
el tiempo, gastando miles de millones de pesos para cubrir las enfermedades que
la carcomen: desigualdad creciente, pobreza, marginalidad, corrupción,
avaricia, criminalidad y violencia, protección oficial y, por ende, nómina
paralela del crimen, entre otras.
Ninguno
de los últimos alcaldes ha querido reconocer los males que la aquejan y todos
han esquivado el tema utilizando verdades incompletas como herramienta para
justificar el fracaso en las políticas de inversión social, seguridad y
convivencia.
Los
mandatarios se han negado a reconocer la alianza criminal entre lo legal e
ilegal, en las que, entre otras cosas, que forjó: el proyecto Orión, que en
realidad fue el proyecto piloto para la siembra del para-militarismo en el
territorio urbano, específicamente <Medellín; y el pacto de la “Para-tranquilidad
urbana” ejecutado entre 2004 y finales de 2007, que trajo la muy anunciada pero
mentirosa reducción de homicidios, la Corporación Democracia como brazo
político de La Oficina, la guerra dentro de esta por la disputa del mando
único, la llegada de los Urabeños, la
consolidación del accionar de las Convivir, la explotación sexual de menores,
las apuestas ilegales, el control territorial de las estructuras para-mafiosas
y sus bandas, las vacunas, el paga-diario, el lavado de activos, las casas de
tortura, la desaparición forzada y el Pacto del Fusil. En resumen: han
desconocido una realidad que sentó las bases de la que hoy es la capital
antioqueña en materia de inseguridad y criminalidad.
Si
bien la situación no es entera responsabilidad del mandatario de turno, la
continuación de algunas políticas aplicadas -como lo es la seguridad
democrática- y la poca seriedad a la hora del reconocimiento de las
problemáticas, han contribuido a perpetuar la guerra urbana en Medellín, y el
peso de la toma de estas decisiones si recae sobre los alcaldes electos.
Aunque
el conflicto armado en esta ciudad ha sufrido mutaciones, lo único que no varía
es la cultura ilegal que adoptó Medellín y la connivencia y corrupción de una
parte de la fuerza pública que abonó, y aún abona, el camino para sostener un
sistema criminal. Como claro ejemplo está el caso del hoy condenado general
Mauricio Santoyo y el cuestionado e investigado general Mario Montoya, ambos
por vínculos al paramilitarismo y al narcotráfico, además de enormes acciones
en contravía de la protección de los derechos humanos.
Las
condiciones anteriormente expuestas, dejaron un legado criminal que, en
últimas, es el principal reto que deberá afrontar el alcalde electo en
Medellín. Pero algo diferente se mueve este año: el alcalde Federico Gutiérrez
inició sus tareas aceptando y reconociendo varios hechos que sus antecesores
“pasaron de agache”.
Aceptó
la existencia del Pacto del Fusil y las falencias en la reducción de homicidios
debido al aumento de la desaparición forzada –que también fue producto del acuerdo criminal-, y eso llevó
al quitar la máscara bonita a una ciudad a la que hace rato le habían echado
ácido sobre el rostro. Algunos generales, como el mayor general José Ángel
Mendoza Guzmán, nos acostumbraron a versiones oficiales positiva cuando la
realidad criminal estaba haciendo metástasis. Y durante cuatro años, la
administración y la fuerza pública fue poco cuestionada.
Análisis
Urbano denuncia esta realidad desde hace más de 6 años, desde su misma
creación, y sin embargo, no viene diciendo nada nuevo: el nuevo alcalde también
reconoció que en la ciudad se estaba ocultando la realidad a través de la
promoción de cifras acomodadas por conveniencia política. El mandatario dejó
claro que Medellín no es como la pintan –o la maquillan-, capital en la que
bajan supuestamente los homicidios pero aumentan los hurtos, las vacunas, las
desapariciones.
Resumen
criminal
El
alcalde pretende reconocer algunos aspectos de la realidad, pero el tema es muy
complejo. Análisis Urbano se permite recopilar algunos aspectos del actuar
criminal que Medellín padece, pero que deben tenerse en cuenta a la hora de
crear políticas o estrategias de seguridad que sean efectivas para la ciudad:
Operan
dos estructuras para-mafiosas de corte nacional: la Oficina del Valle de Aburrá
y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como
Urabeños o Clan Úsuga.
AGC
y Oficina celebraron -desde julio de 2013- el Pacto del Fusil, con el fin de
reorganizar el crimen en el Valle de Aburrá. Las dos tienen el control absoluto
sobre las 350 bandas que operan en la ciudad y también controlan la mayoría de
estas que tienen accionar en el resto de la ciudad metropolitana.
Hay
presencia del crimen trasnacional a través del Cartel de Sinaloa.
Directa
o indirectamente -ya sea por extorsión en el primer caso; o a través de la
compra de productos básicos, en el segundo- en Medellín toda la ciudadanía paga
“vacuna”.
El
paga-diario ha esclavizado a miles de personas en la ciudad y va en aumento.
El
tráfico de drogas interno se expande: son más de mil plazas, sin contar la mega-plaza
del barrio Antioquia, las plazas móviles y las cocinas instaladas en la
periferia de la ciudad.
Las
35 organizaciones de las Convivir, afianzan su poder en comuna 10 (Centro) y
han cambiado su forma de operar.
La
explotación sexual de menores crece por culpa del turismo sexual.
Hay
protección oficial y nómina paralela, incluso se han detectado bandas de
policías activos y retirados que están involucrados con la extorsión, el
secuestro y el tráfico de drogas.
Se
presentan falsos positivos por parte de miembros de la Policía, y cuando no son
homicidios, son operativos falsos y amañados que terminan con inocentes en las
cárceles a cambio de remuneración, reconocimiento y días de permiso. Operar que
luego cae ante los estrados judiciales debido a lo evidente de su falsedad, y
que después le cuestan sumas multimillonarias al Estado debido a las demandas
que recibe para reparar los derechos vulnerados de las víctimas de la
negligencia y corrupción policial.
La
cooptación de una parte del Presupuesto Participativo por parte del crimen es
real.
La
penetración de las estructuras para-mafiosas en muchas organizaciones sociales
y comunitarias sigue latente e impide la participación ciudadana y la
construcción de democracia y toma de decisiones.
Existe
padrinazgo al crimen por parte de un sector de la clase política.
Hay
injerencia y dominio territorial por parte de bandas organizadas desde
municipios como Bello e Itagüí.
Faltaría
enumerar más, por ejemplo, las casas de tortura, el POT criminal, el lavado de
activos, la trata de personas y el tema de los migrantes que están siendo
escondidos en bodegas y casas de la ciudad para luego trasladarlos a Urabá, en
su paso hacía los Estados Unidos, entre otros; pero son temas que aún están en
investigación por parte de este medio.
No
obstante, existe la necesidad de hacer énfasis en algunas problemáticas que
–sin desmeritar otras y sólo por mayor conocimiento de causa- seguimos
considerando importantes:
Extorsiones
Este
es el fenómeno criminal que más ha aumentado en la ciudad. Actualmente, casi
todos los habitantes de Medellín están aportando la famosa “vacuna” y a veces
el aporte se hace de manera inconsciente puesto que los grupos ilegales tienen
cooptados, a modo de cartel mafioso, la distribución de productos que hacen
parte de la canasta básica familiar como son los huevos y las arepas e
intervienen hasta en el costo de los pasajes de un bus.
Lo
delicado de este fenómeno es que se ha naturalizado en la cotidianidad. En la
zona céntrica de Medellín, en casi todo punto de comercio la extorsión se paga
de manera obligada so pena de muerte o de eliminación del local comercial; pero
en los barrios, especialmente los periféricos, el pago de la vacuna se hizo
paisaje y en muchos casos no se toma por un asunto ilegal sino como un aporte
al trabajo de vigilancia que ejercen
“los muchachos” del sector. A esto se suma el impuesto que debe pagar el
transporte público para poder acceder a algunas zonas y el uso obligado de
algunos lavacoches que deben hacer los buses que transitan por estos lugares.
Cientos
de renglones se pueden escribir frente a este tema, pero lo único realmente
importante se dice en dos: la extorsión está afectando todos los bolsillos de
esta ciudad y con ello estamos perpetuando y fortaleciendo la existencia del crimen
organizado en la ciudad.
Casa-terror.
Las Convivir
Aunque
muchos insisten en desconocer su existencia o, como el brigadier general José
Ángel Mendoza, en solicitar que no se les reconozca con ese nombre, este grupo
de origen paramilitar tiene el control territorial del centro de Medellín y
dejan claro que la tranquilidad de este sector hace parte de su monopolio, pese
a ser el mismo lugar en donde se encuentra el comando de la Policía
Metropolitano del Valle de Aburrá (Meval). Esto lo demostraron a mediados de
2014, cuando una guerra desatada en su interior –por reacomodamiento de mandos y
disputa de territorios- dejó como saldo el estallido de tres granadas en el
centro, cuatro muertos y más de 30 heridos.
Las
Convivir no sólo tienen el control de la zona, también son los encargados de la
recolección de las extorsiones y de asegurarse del cumplimiento en el pago de
la misma.
Durante
la investigación sobre el reacomodamiento del poder ilegal en el centro de
Medellín, realizada por Analisisurbano.com y el CIU de Corpades, se dejó claro
que esta no era posible sin el aval de un sector de la fuerza pública, y en uno
de los informes se cita que de la “nomina paralela” de los criminales,
presuntamente harían parte un coronel de
la Meval; un sargento de la Unidad de Extinción de Dominio, de la Seccional de
Investigación Criminal (Sijín); un subintendente del Grupo Contra Armados
Ilegales, también de la Sijín, y un capitán perteneciente Grupo Antisecuestro y
Anti-extorsión (GAULA).
Por
lo tanto, el mandatario Medellín debería tener como política obligatoria la
depuración y purga de la fuerza pública, al menos la local.
Paga diarios
y cobros ilegales
Esta
práctica es dominada por los grupos armados ilegales y es un modelo de cobro
criminal en el que se somete a la gente, se le controla mediante préstamos de
dinero y pagos a diario con intereses altos, y en dado caso de no cumplirse con
el mismo, las personas son aterrorizadas, ultrajadas, amenazadas y en algunos
casos condenadas a muerte.
Las
autoridades locales saben de esta práctica que lleva años operando pero hasta
el momento nadie, ni de la administración ni de la fuerza pública, se ha tomado
el asunto en serio y este ya ha dejado un listado largo de victimas que han
sido asesinadas cruelmente con el fin de mandar un mensaje de terror al resto
de, deudores.
Cooptación
de participación política y de PP en las comunidades
Aunque
algunos analistas de conflicto armado en Medellín, y la institucionalidad se
empeñen en negar que esto sucede en los territorios, aún hoy existen denuncias
por parte de miembros de la comunidad sobre la cooptación que los criminales
han hecho de los dineros que invierte Presupuesto Participativo (PP) en las
comunas. Las denuncias concretas han venido de comunas como la 8 (Villa
hermosa), la 9 (Buenos Aires), la 3 (Manrrique) y la 1 (Popular).
De
acuerdo a las versiones recogidas, los delincuentes controlan la participación
política a través de algunos líderes –no todos- que cínicamente se ponen a su
servicio a fin de controlar las votaciones o las decisiones frente a proyectos
priorizados por las comunidades que reciben considerables inversiones
económicas.
Así
mismo, se maneja una especie de testaferrato de proyectos en el sentido de que
ciudadanos inexpertos en el tema o el liderazgo social, asumen la
responsabilidad contractual frente a un proyecto pero la inversión es manejada
por los ilegales.
Este
es un tema delicado puesto que PP ha sido importante para el desarrollo social
y político de las comunidades pero su funcionamiento, en ciertos casos, ha
servido para fortalecer y legitimar a los criminales. Entre otras cosas, a través
de esta práctica, unos cuantos criminales han logrado que se les considere una
suerte de Robin Hood en algunos territorios. Tal como sucedió con Pablo
Escobar, con la diferencia que ahora buena parte de los dineros que fortalecen
este sistema criminal son de origen estatal.
Corrupción
al interior de la Fuerza Pública
El
mandatario de Medellín debería comprender que las políticas guerreristas y el
aumento de pie de fuerza o de cámaras y demás sistemas de vigilancia van a
tener un efecto igual a cero si la corrupción al interior de la fuerza pública
y de la fiscalía no se elimina.
Al
día de hoy se demostró que algunos miembros tanto de la Policía como del
Ejército facilitaron la expansión del paramilitarismo en Medellín y el área
metropolitana. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, lo ha hecho
público en sus audiencias, e inclusive hay sentencias de la sala de Justicia y
Paz de la Fiscalía que ordenan la investigación, no sólo de uniformados, sino
también de un ex presidente y otros miembros de su gabinete por haber
facilitado la construcción y posicionamiento del proyecto paramilitar y mafioso en la ciudad.
Así
mismo, hay generales acusados, según sentencia, por narcotráfico y su cercanía
a la empresa criminal que denominan La Oficina, y otros oficiales son
investigados por los mismos motivos.
La
Fiscalía seccional Medellín también podría estar incurriendo en una comisión de
delitos que fueron denunciados por este medio en un artículo que se tituló
¿Concierto para delinquir en Fiscalía Medellín?, en el que además se pide una
investigación sobre este ente, “especialmente si es una ciudad que ya cuenta
con antecedentes de directivos involucrados con el crimen: caso Guillermo León
Valencia Cossio, exdirector seccional de Fiscalías de Medellín a quien se le
demostró su vínculo con la mafia y el paramilitarismo, condenado por
prevaricato; ocultamiento, alteración y destrucción de materiales probatorios;
y concierto para delinquir agravado, entre otros delitos”.
En
resumen, mientras no se tome en serio la depuración dentro de estas
instituciones, cualquier inversión en materia de seguridad es plata perdida.
Los grupos
armados ilegales
Estas
estructuras criminales son el resultado o el legado del fallido proceso de
desmovilización paramilitar. Si bien es cierto que en Medellín han existido
este tipo de grupos desde antes de la irrupción de los paramilitares en la
capital antioqueña, nunca tuvieron la hegemonía y el actuar violento y criminal
que lograron durante y después de los mismo y que fue mencionado en los
primeros párrafos de este texto.
Independientemente
del origen de los mismos, que es necesario analizar y estudiar para comprender,
lo único concreto es que aún están y aún continúan dominando y delinquiendo en
los territorios. Esta problemática no puede seguir ignorándose ni tampoco
recibiendo soluciones a medias que hacen las veces de paliativos.
La
coyuntura que ofrece el pacto del fusil debe ser tomada con seriedad y
aprovechada por la institucionalidad para lograr el sometimiento de las estructuras
criminales. Antes de que el pacto llegue a su fin – desde hace meses viene
mostrando serias fisuras y es sabido que la violencia aumenta al doble luego de
que un acuerdo entre ilegales se rompe- la administración debe hacer propuestas
serias que permitan salidas reales al control territorial, confrontación y
dominio armado ilegal en Medellín
Esto
debe apuntar a unos diálogos o unas negociaciones en el que los criminales se
sienten con la institucionalidad, la sociedad civil y la comunidad internacional
para acordar la resolución del conflicto; que se saque a los civiles del mismo
y se llegue a un sometimiento a la justicia con dignidad pero sin impunidad. Y
aunque el gobierno reúse aceptar propuestas, debe plantearse la construcción de
un nuevo tipo de cárceles que le apunte a una verdadera resocialización, formación y preparación
educacional de los sujetos, porque ningún proceso de desmovilización será
exitoso si repetimos las formulas ya aplicadas, o si se tiene como centro de
sometimiento los actuales penales que no son otra cosa que escuelas del crimen
en donde aún imperan –y operan- los cacicazgos de los delincuentes.
La
desaparición Forzada
Si
en los diálogos que se llevan a cabo en La Habana se logró llegar a un acuerdo
para la búsqueda de 2.760 desaparecidos asociados con las Farc, que no son sólo
víctimas civiles de la guerra sino también guerrilleros muertos en combate y
enterrados como NN, es imperativo empezar a plantearse lo mismo en Medellín.
De
acuerdo al Registro Único Víctimas, Medellín registra 5.022 víctimas de
desaparición forzada, de las más de 45.000 que se registran en todo el país.
Estamos hablando de una cantidad suficiente de personas para llenar la mitad de
la tribuna sur del Estadio Atanasio Girardot. Personas que nunca regresaron a
sus hogares y que aún se les esperan, o al menos se esperan noticias que
permitan ubicar sus restos.
La
desaparición forzada no es un asunto que se quedó en el pasado, por el
contrario, inversamente proporcional a la reducción de homicidios, este fenómeno
crece año tras año y el alcalde debe tomárselo como una prioridad.
Especialmente ahora que inició el “Plan Cementerio”, que, como informa la
revista Semana, es un proyecto en el que Medicina Legal plantea “escarbar en
todos los cementerios del territorio nacional en busca de los cuerpos que
habrían sido enterrados por los actores del conflicto, lograr su plena
identificación y entregárselos a sus familiares en tiempo casi récord”.
La
voluntad de búsqueda de los desaparecidos de Medellín no debe limitarse sólo a
La Escombrera pues esa es tan sólo la punta del iceberg de esta realidad.
Casas de
tortura
Las
torturas, que la mayoría de las veces terminan en decapitaciones,
desmembramientos, asfixia mecánica, muerte por arma blanca, contundente o de
fuego, son una realidad en Colombia. Ahora bien, también existen sitios
especializados para cometerlas. Lugares destinados a la aplicación de los
instrumentos de tortura y terror como método para lograr el control social,
territorial y militar, especialmente por el mensaje que envía.
No
obstante, la institucionalidad, y especialmente la Fiscalía Antioquia, han tenido
una posición ambigua frente al tema, y se ha negado a leer el mensaje de terror
que estas casas envían a la ciudad y a la comunidad en general. Estrategia
política errónea para afrontar un problema que ya no se puede ocultar y cuya
información, afortunadamente, se está saliendo del panorama de lo local.
A
inicios de octubre de 2015, Medicina Legal reveló que 24 cuerpos desmembrados
habían sido encontrados en lo que llevaba ese año Medellín, lo cual es un
promedio de entre dos y tres personas al mes. Y en 2016, no sólo han aparecido
desmembrado, también enmaletados, embolsados y cualquier otro nombre dado a
este tipo de tortura. Y esto es sólo el reporte de quienes han aparecido porque
se desconoce la cifra de desaparecidos sometidos a estos vejámenes. Un hecho es
que este método de terror no se aplica en la vía ni el espacio público, necesita de espacios acondicionados para su
realización, por lo tanto, y para dejarlo claro, no es un rumor la existencia
de las casas de tortura en la ciudad.
Una
administración poco seria frente a este problema tiene un fracaso garantizado
para la resolución del mismo. Y este es un lujo que aunque el ex alcalde de
Medellín, Aníbal Gaviria, se lo concedió a Luis Fernando Suarez, su vicealcalde
de Gobernabilidad y Seguridad, Federico Gutiérrez no se lo puedo permitir. La
problemática ya desborda en la barbarie y si no se controla a tiempo -empezando
por reconocerla- tendrá unas dimensiones que impactarán en lo social, en lo
político y en lo económico de la ciudad. Este mensaje de terror no se ha tomado
en serio, pero hay muchas personas inocentes que están siendo víctimas de este
flagelo, de esta práctica que sólo consolidad el poder armado e ilegal que
cogobierna Medellín.
A modo de
cierre
Lo
anterior fue tan sólo un pequeño panorama que impera en Medellín, un contexto y
unas condiciones que no pueden ser ignoradas. Así mismo, es una situación que
debe ser analizada y estudiada para no seguir repitiendo errores. La solución,
debe recordarse, no es militar; este tipo de medidas prácticamente se
inauguraron con la “Operación Orión” y aún hoy, 13 años después, lloramos y
lamentamos las consecuencias. El tiempo ha demostrado que la solución
guerrerista no es garante de la resolución de un problema, por el contrario
parece aumentar sus proporciones.
Analisisurbano.com
plantea situaciones críticas que afectan la seguridad y la sensación de
ausencia de la misma en Medellín, ahora está en manos del alcalde pensar y
aplicar soluciones. Y recordar que la seguridad no es un asunto de izquierda,
derecha o centro: es un asunto de todos.
Desde
Análisis Urbano mantenemos una apuesta de fe con esta nueva alcaldía y estamos
prestos a contribuir para que Medellín sea forjadora de paz urbana y cuna del
inicio del posconflicto. Pero si no se escucha a la ciudadanía, que es la
víctima directa del problema de seguridad, en Medellín simplemente serán cuatro
años más de lo mismo.
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