Santiago Villarreal Cuéllar
Se esfumó la esperanza; regresó la
incertidumbre; la rabia contenida, mesclada con dolor continuará carcomiendo
mentes y corazones de las familias; también el miedo porque absuelto el
presunto responsable puede representar peligro; de hecho fiscales y jueces
fueron víctimas de amenazas; una de ellas se exilió en Alemania. La absolución
del coronel Alfonso Plazas Vega, constituye un mal precedente, no solo para los
familiares de las víctimas del holocausto del palacio de justicia, sino para
los defensores de los Derechos Humanos. Es respetable el fallo de la Corte
Suprema de Justicia, pero deja sin piso el arduo trabajo de familias y abogados
que durante treinta años vienen luchando para que estos delitos de lesa
humanidad sean castigados.
No sorprende la providencia. Colombia, México
y Guatemala, son naciones reconocidas por el mal ejemplo en administrar
justicia contra altos dignatarios del estado que durante décadas, aprovechando
sus cargos, cometieron (y continúan haciéndolo) delitos de lesa humanidad. La
matanza de la plaza de las tres culturas acaecida en el país Azteca en 1968,
sigue hoy en completa impunidad. En Guatemala, el general Efraín Ríos Montt,
continua utilizando toda clase de triquiñuelas jurídicas (similar a lo que
hacen en Colombia), para evitar ser condenado por el genocidio cometido durante
su infame gobierno entre los años 1982-1983. En estos países la entramada
burocracia jurídica, política, social, económica y de toda índole, se entrelazan
como madeja de lianas espinosas para evitar que los grandes criminales de
estado reciban castigo. Allá como aquí, los jueces son severos contra quien hurta
un celular, una gallina, o toca las nalgas de una mujer, pero se pasman cuando
llega a sus despachos denuncias contra encumbrados dirigentes políticos,
militares, grandes empresarios, o dignidades eclesiásticas. Lejos estamos del
cumplimiento de la igualdad pregonada en las cartas constitucionales;
continuamos inermes para ejercer el respeto por los Derechos Humanos.
A las puertas de firmar los acuerdos que
pondrán fin al largo conflicto armado en nuestro país, fruto en parte de esa
impunidad jurídica, lamentablemente nuestra justicia sigue sin hacer nada para
investigar los responsables de uno de los más vergonzosos episodios de nuestra
historia reciente. Durante la retoma del palacio de justicia, no solo hubo
excesos en el uso de la fuerza, como dice el fallo de la Corte que absolvió al
coronel Plazas, sino que el operativo no se planificó para evitar muertes
innecesarias. Se recurrió a la tortura en todas sus formas, desaparecieron
seres humanos, y asesinaron sumariamente a otros. Víctimas y defensores de los
Derechos Humanos, continuaremos pidiendo justicia en este como en otros
genocidios no menos graves.
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