Santiago
Villarreal Cuéllar
Los
recientes decretos presidenciales para tratar de mitigar la difícil
problemática que atraviesa la salud colombiana, no constituye ningún
mejoramiento al nefasto sistema, impuesto de acuerdo a las recetas
del modelo neo-liberal, heredado del gobierno de Cesar Gaviria
Trujillo. Hemos dicho hasta la saciedad, y no nos cansaremos de
reiterar, que la verdadera reforma a la salud debe ser estructural y
no pañitos de agua tibia. Sabemos de los colosales intereses
económicos que se mueven alrededor del lucrativo negocio de la
salud, convertida en Colombia en una mercancía para beneficio de
unos pocos, en detrimento de la mayoría.
Primero
debe derogarse la ley 100; el segundo paso debe ser la creación de
una ley que permita universalizar la salud para todos los colombinos,
sin distingos de clase social o económica, y sin las trabas del
embeleco del SISBEN; y el tercer paso debe consistir en la
humanización del sistema. Al derogar la ley existente, se acabarían
las eps privadas y públicas que no sirven sino para dejar morir los
pacientes de forma lenta y cruel. (Y después dicen que en Colombia
no hay pena de muerte). La nueva ley que permita universalizar el
sistema debe cubrir todas las enfermedades, lo mismo que su
tratamiento, suministrando medicamentos de calidad, incluyendo
aquellos de marcas comerciales, sin importar si son mesclas. Los
médicos saben que las mesclas de substancias farmacéuticas surten
mejores efectos que las genéricas. La ley debe permitir que la red
hospitalaria pública, lo mismo que las empresas sociales prestadoras
de salud estatales, presten el servicio directamente, sin
intermediarios, y los recursos serán desembolsados a estos entes
estatales. Hasta ahora estas entidades han demostrado buena calidad
en la prestación del servicio. La ley contemplará la contratación
directa con clínicas privadas, especializadas en áreas donde los
demás entes no presten esos servicios. El acceso a la prestación
del servicio debe ser gratuito para todos los seres humanos, sin
exigir ningún documento pues muchos colombianos ni siquiera tienen
cédula o están registrados como ciudadanos, y el no prestar tan
vital servicio constituye una violación al derecho a la igualdad de
las personas, consagrado en la Carta Magna. Un sistema de salud
humanizado permite que toda persona sin distingos de raza, sexo,
clase social o religiosa, tenga derecho a la prestación del
servicio. Los ricos y algunos sectores de clase media simplemente no
utilizan los servicios, porque por cultura ciudadana pagan a
entidades privadas. Eso sucede en todas partes del mundo donde la
salud es gratuita. Finalmente el nuevo sistema debe contemplar la
salud preventiva, que es más efectiva y ahorrará costos al sistema.
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