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4/10/2014

Ciudades bajo el hampa


Santiago Villarreal Cuéllar

La cacareada seguridad democrática del gobierno de Uribe no influyó para nada en la seguridad de las ciudades. Por el contrario, debido a la desmovilización de bandas para-militares, muchos de sus miembros continuaron delinquiendo en centros urbanos, y para disfrazar su modus operandi, el gobierno generosamente las llama bacrin. A ello se suma el crecimiento de una delincuencia que es consecuencia del crecimiento sin planificación de pueblos y ciudades, trayendo consigo sectores marginados, sin oportunidades, sin educación, sin servicios básicos, cuya única forma para sobrevivir es el rebusque (economía informal) o el robo. Este problema es típico de nuestras naciones subdesarrolladas, saqueadas por las transnacionales y gobernadas por una élite cuyo único fin es mantener sus privilegios económicos, negando cualquier forma de equidad. No podemos dejar de lado esos hampones enquistados dentro del sistema político, que desde las más encumbradas ramas del poder, hasta las más bajas, roban el erario público mediante contratos sobre-facturados, o se aprovechan de su condición privilegiada en el poder para favorecer a familiares y amigos. Estos delincuentes, en su mayoría nunca afrontan un juicio porque sus acciones pasan a veces inadvertidas, o simplemente la mayoría de la gente se hace la de la vista gorda viéndolos robar. Si logran descubrirlos, el aparato judicial, muchas veces permeado por la corrupción, no “encuentra” pruebas y son declarados inocentes. Los otros hampones (los pobres), no corren con la misma suerte y a diario son aprehendidos, llevados a estaciones policiales, donde muchas veces son maltratados y debido a la cuantía de los robos, la justicia también los deja libres. Quienes son encarcelados porque el juez logra probar su culpabilidad, engrosan las prisiones donde no cabe un alfiler debido al hacinamiento, y allí, donde no existen verdaderas políticas de resocialización, aprenden técnicas más eficaces para seguir delinquiendo sin ser atrapados. 
Es fácil echar la culpa a gobernadores, alcaldes, policía, justicia y todo lo que localmente se supone contribuye para que la delincuencia común siga impune, y lo que es peor, aumente. Los politiqueros locales gritan: la culpa es del alcalde; la Policía es cómplice; los jueces no hacen nada. Los alcaldes piden al alto gobierno, aumentar el pie de fuerza de la Policía; y llegan 10, 20, y más unidades, y todo sigue igual o peor. De qué han servido los CAI, los cuadrantes; quizá mitiguen un poco la delincuencia, pero no se acaba. Mientras los problemas de un país sean estructurales, toda medida localista no es más que una venda con agua tibia para una mejora temporal, pero el tumor continuará en aumento.   

         

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