Santiago Villarreal Cuéllar
“Que se
aplique la pena de muerte a los violadores,” gritan a los cuatro vientos los
retrógrados y reaccionarios cuando violan una niña, o asesinan un niño. El
artículo 11 de la Constitución Política de Colombia dice: “El derecho a la vida
es inviolable. No habrá pena de muerte.” Y el artículo 12 reza así: “Nadie será
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.” No obstante estar consagrados estos preceptos en la
Carta Magna, son violados diariamente en todo el territorio nacional, gracias a
las bondades de la Ley 100 de 1993. Mediante esta ley, el derecho a la salud de
los colombianos fue entregada a empresas privadas intermediarias, conocidas
primero como administradoras del régimen subsidiado y luego como empresas
prestadoras de salud.
Cada empresa
contrata escaso recurso humano para prestar un pésimo servicio. Dentro de ese
recurso están los médicos, personas de excelsas calidades humanas, que en su
juramento de graduación prometieron servir como discípulos, con un alto sentido
de responsabilidad y solidaridad. Sin embargo, muchos de ellos han tirado por
la borda su juramento y obedecen aquello que prescriben los jefes de esas E.P.S.;
15 minutos (en algunas menos), para atender un paciente; no deben prescribir
más de 3 medicamentos, todos ellos genéricos (el POS no contempla mesclas ni
fármacos de marcas comerciales), en muchos casos elaborados en laboratorios de
no muy buena calidad. Aquellas patologías complejas deben posponerse para otra
oportunidad y al paciente se debe formular calmantes, (analgésicos). Cuando
algún paciente posee una patología sospechosa de ser cancerígena, por lo
general no se la diagnostican y formulan tranquilizantes pues estas empresas de
la muerte tratan por todos los medios de evadir los tratamientos. Muchos
pacientes, cansados de consultar su dolencia en puestos de salud, pagan un
médico particular y este diagnostica enfermedades cancerígenas avanzadas, que
los médicos de las E.P.S habían podido hacerlo. A muchos enfermos de sida les
dilatan la entrega de medicamentos, a sabiendas que, el no suministro de los
mismos puede ocasionarles recaídas. La gastritis crónica continúa tratándose
con fármacos como ranitidina y omeprazol, cuando hace más de 10 años se
descubrió que la bacteria llamada helicobacter
parole, es la causante de esta dolencia y se puede curar suministrando
antibióticos selectivos.
Solo he
mencionado algunos casos en los cuales estas perversas entidades prestadoras de
salud, que se roban el dinero del estado que deben gastar en los pacientes,
aplican la tortura, tratos crueles, inhumanos, y finalmente la pena de muerte.
Una muerte lenta debido a la desatención y la desidia.
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