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3/22/2013

Desplazamiento forzado de difuntos



Santiago Villarreal Cuéllar
Colombia continúa ocupando el deshonroso segundo país del mundo, después de Ruanda en el África, con el mayor número de personas desplazadas dentro de su propio territorio. Claro está que un pequeño porcentaje de desplazados, en realidad no lo son, y se trata de aquellos “vivos” que ven en esa figura una oportunidad para recibir ayudas del Estado. De todas formas, el conflicto armado que vive nuestra nación desde hace cincuenta años, ha obligado a millones de colombianos a abandonar sus terruños y marcharse para otro lugar.
Y como dijo alguna vez nuestro Premio Nobel Gabriel García Márquez, que en Colombia la realidad se parece a la ficción, seguramente pronto ocuparemos otro lugar dentro de los record, con el desplazamiento de los muertos. Lo curioso de este fenómeno de desplazamiento forzado de difuntos, es que ocurre precisamente en nuestra querida ciudad de Pitalito.
Todo por obra y gracia de un personaje que un día se le ocurrió instaurar una Acción Popular, nada más ni nada menos, que para reubicar el cementerio de la ciudad. El argumento: la protección del medio ambiente, pues según el querellante, este lugar no reúne las cualidades sanitarias para esos menesteres. El Juez Tercero Administrativo de la ciudad de Neiva, a quien correspondió por reparto resolver la demanda, se conmovió profundamente y se condolió de los pobres ciudadanos que habitan los alrededores del cementerio, quienes a diario tienen que aguantar el hedor, las moscas y todo lo que resulta de la putrefacción de un cadáver. Estudió el caso con esmero, consultó asesores, buscó sentencias similares, que seguramente no encontró pues no existen precedentes, y tengo la absoluta seguridad, se encomendó a las benditas almas del purgatorio para dictar sentencia. La profirió en el año 2009, ordenando al municipio de Pitalito el cierre del cementerio, o en su defecto, realizar adecuaciones para mitigar los daños ambientales causados a los querellantes. Los asesores jurídicos del mandatario anterior, aconsejaron al burgomaestre zafarse la jáquima y tirársela a la Parroquia de San Antonio, que al igual que la mayoría de parroquias del país, han tenido el monopolio de los cementerios. El párroco guardó silencio y de nuevo acudió a las estancias estatales. El mandatario de los laboyanos pidió prologa al Juzgado y continuaron enterrando los difuntos en el mismo lugar.
Mientras definen otro lugar para reemplazarlo, los difuntos de Pitalito tendrán que ser desplazados forzosamente a otros municipios, como si hasta los muertos no fueran dignos de descansar en su terruño.       
Algunos empresarios vieron la oportunidad de entrar en el negocio de los muertos y entonces surgió el proyecto El Campanario, que fue inaugurado con bombos y platillos el viernes 16 de marzo de 2013, con lo que se privatizan los entierros, haciendo más costoso el proceso natural de la muerte. Si en vida el difunto sufrió penalidades económicas para sobrevivir, después de muerto los familiares tendrán que saltar matorros para enterrarlo.    

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