Por Santiago Villarreal Cuéllar
Tan terrorífica fue la acción que destruyó las localidades urbanas de Toribio y Corinto en el Departamento del Cauca Colombia, como la orden impartida por el señor presidente de la República Juan Manuel Santos, de "destruir las casas desde donde se han realizado ataques guerrilleros contra la fuerza pública." Esto nos trae al recuerdo, los bombardeos que el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, en acto demencial, ordenó realizar en los años 1977 y 1978 contra la ciudad de León, con el argumento de perseguir a los guerrilleros sandinistas.
Muy extrañados quedamos muchísimos colombianos, especialmente quienes defendemos los Derechos Humanos, con la sentencia proferida por el primer magistrado de la nación. Las comunidades indígenas, que constituyen la mayoría de la población de esas regiones en conflicto y el resto de campesinos indefensos, no tienen ninguna culpabilidad que los grupos alzados en armas los obliguen a desalojar sus humildes viviendas, o a utilizarlas para que les sirvan de trincheras en esta guerra demencial.
La obligación del Estado Social de Derecho, es la de proteger a toda la población civil del conflicto armado y no la de masacrar como si de un Estado terrorista se tratara a esa población indefensa, cuyo único delito consiste en vivir en zonas de guerra permanente, labrar sus tierras para producir alimentos y con esos modestos ingresos subvencionar sus gastos familiares.
La sociedad civil, desde todos sus estamentos sociales debe pronunciarse en contra de semejante decisión y protestar enérgicamente ante un acto que a las claras, de cometerse, constituiría la más grande violación a los Derechos Humanos y al Derecho de Gentes, contemplados en los acuerdos Uno y Dos de Ginebra.
SANTIAGO VILLARREAL CUELLAR
http://nuevaera66.blogspot.com/
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