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3/18/2016

Ponencia presentada en la Quinta Cumbre Por la Paz


Santiago Villarreal Cuéllar

El viernes 18 de marzo de 2015 celebramos en todo el país la Quinta Cumbre Por La Paz. En la ciudad de Pitalito Huila, en el Centro Cultural de esta ciudad, la Universidad Abierta y a Distancia Unad realizó este importante evento con la nutrida participación de muchísimas personas.

Me permito transcribir la ponencia que presenté al numeroso auditorio.  

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL POS-CONFLICTO


BREVE HISTORIA DEL COMFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

“Tirofijo” trata de salir del país con rumbo a Cuba.” Titular del diario El Tiempo del día 15 de abril de 1964. “Habría muerto ‘Tirofijo.’” Titular del diario El Tiempo del 27 de diciembre de 1964. “Parece ser un hecho la muerte de ‘Tirofijo’.” Otro titular del El Tiempo del 05 de enero de 1965. Así titulaba el principal diario del país, históricamente al servicio del establecimiento y de las grandes empresas que han dominado el país en los últimos cien años.

Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, bajo el mote de “Tirofijo,” jamás salió del país y nunca murió durante los cruentos combates que por más de cincuenta años libró contra las fuerzas armadas. Su deceso acaeció en las selvas del departamento del Meta el 26 de marzo de 2008, debido a una enfermedad natural.

Nacido en Génova Quindío en 1928 o 1930, Pedro Antonio Marín Rodríguez, hijo de familias liberales gaitanistas, se vio obligado a huir al monte durante la cruenta represión desatada durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, después de la muerte violenta del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán. La persecución por parte de para-militares (policía “chulavita”) ordenada desde el alto gobierno contra los liberales en todo el país, alcanzó a la familia Marín, asesinando al padrastro de Pedro Antonio, lo mismo que a tres de sus tíos. Esta acción violenta, motivó al joven Pedro a huir a las montañas de la cordillera central entre los departamentos del Quindío (antiguo viejo Caldas) y el Valle.

Acompañado de un radio transistor desde el cual sintonizaba las noticias diarias que parcialmente contaban sobre la violencia, Pedro Antonio permaneció aislado (enmontado decía él), durante seis meses, aguantando los rigores de las frías montañas, pero complacido de escuchar todos los días el trinar de las aves, el ruido ocasionado por los monos que balanceaban sus ágiles cuerpos en las ramas de los frondosos árboles; la hojarasca que sonaba y se movía ante el paso de serpientes verdes; y contemplando la caída de las cristalinas aguas de una hermosa cascada sobre las rocas envueltas en verdes líquenes.

Aburrido por esa situación el joven mandó a llamar a sus más cercanos familiares (primos hermanos) y los convenció para que compraran algunas escopetas y revólveres y organizaran un pequeño grupo de autodefensa para poder hacer frente a las fuerzas conservadoras, que continuaban sembrando el terror a lo largo y hancho del país.

Allí nació la primera guerrilla colombiana que comenzó como autodefensa campesina y con el correr de los años se convirtió en todo un ejército irregular que llegó a poner en jaque al establecimiento defendido por las fuerzas legítimamente constituidas.

Al igual que Pedro Antonio Marín, miles de mujeres y hombres de nuestra bella Colombia, empuñaron armas como única vía, primero para defender en muchas ocasiones su propia vida, y segundo para huir de la violencia intrafamiliar, la persecución de vecinos, o sencillamente para asegurar su subsistencia en un país donde la miseria, el hambre y la desigualdad social arroja a sus hijos al exilio, a las calles a vender cualquier cosa para sobrevivir, o a las cárceles por robar cualquier objeto para poder llevar comida a su familia.

Debo decir que después de la década de los ochenta, diferentes grupos guerrilleros empezaron a reclutar a la fuerza a muchos adolescentes de ambos sexos para engrosar sus ejércitos, creando un sentimiento de repulsión y odio por parte de aquellas familias que fueron  obligadas a entregar a sus hijos a la “revolución.”

No estoy justificando de ninguna manera la acción armada como camino para reivindicar los derechos fundamentales y sociales de nuestro país. Por el contrario, soy enemigo y nunca he comulgado con la lucha armada desde ningún punto de vista. Pero quiero señalar que si en las fatídicas décadas de los años cuarenta, cincuenta, y sesenta, Colombia hubiera caminado por la senda de profundas reformas sociales y económicas, no solo habríamos evitado la sangrienta guerra, sino que hoy ocuparíamos un alto lugar en el escenario internacional, siendo quizá el país más próspero y equitativo de la región latinoamericana, y no sentiríamos vergüenza de ser la nación más desigual del continente después de Honduras.

Por esa razón es necesario que los comunicadores sociales, periodistas y demás personas cercanas a los medios, revisemos nuestra historia reciente, y observemos con imparcialidad cuáles han sido las verdaderas causas de la violencia en Colombia. Porque los medios al servicio del establecimiento, pagados por las transnacionales y el mismo gobierno en su afán de no reconocer su ineficacia a la hora de aplicar medidas económicas que mitiguen las desigualdades sociales, sindican de toda culpa a los grupos que se alzaron en armas, como única alternativa que les quedaba, primero para sobrevivir ante la implacable persecución oficial y después para reclamar justicia social.
Que las guerrillas se desbordaron en su accionar violento, que dejaron a un lado en alguna época de la historia reciente sus postulados y se convirtieron en grupos al servicio del narcotráfico, o a robar y secuestrar, hace parte de la dolorosa tragedia que constituyen las guerras en todas partes del mundo. Porque ninguna guerra es perfecta, ni mucho menos buena, y en ella siempre perecen los más humildes, los más ignorantes y los más débiles.

PROCESOS DE PAZ  Y ENGAÑO A LOS COLOMBIANOS

Al finalizar la década de los ochenta, bajo el cruel gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala, donde se instauró la tortura institucional con el estatuto de seguridad, los políticos habilidosos y oportunistas, incapaces, unos por negligentes y otros por defender sus propios interese económicos y de quienes los ayudaron económicamente a llegar al poder, descubrieron que la palomita de la paz constituía una buena forma de engañar al pueblo.

Durante la campaña electoral de 1982, el ex presidente Alfonso López Michélsen, que durante su mandato de 1974 a 1978, hubiera podido realizar la gran reforma estructural que el país necesitaba, y continúa urgiendo, salió a las calles en busca de la reelección con su campaña por la paz, el diálogo y la reconciliación. Curiosamente Belisario Betancur, quien ganaría esos comicios el 30 de mayo de ese año, guardaba silencio al respecto. Pero tan pronto tomó las riendas del poder, comenzó un proceso para iniciar negociaciones con todos los grupos alzados en armas de la época. Para ello sancionó la ley 35 de amnistía que fue aprobada por el congreso en noviembre de 1982. Se iniciaban los diálogos de paz.

En el transcurso de los tres años siguientes, varios reconocidos guerrilleros, especialmente del M-19, se desmovilizaron, acogiéndose a la nueva ley. Los miembros de las farc, más desconfiados y prudentes, solo reinsertaron unos pocos guerrilleros que iniciaron la construcción de un nuevo partido político: la Unión Patriótica.

Los poderosos enemigos de la negociación y reconciliación no ahorraron esfuerzos para destruir el andamiaje de la paz, y el gobierno tampoco inició las reformas estructurales que permitieran un cambio y una equidad en la distribución de las riquezas del país. Los grandes empresarios azuzaron a las fuerzas armadas para cerrarle el paso a una verdadera paz entre los colombianos. La toma del palacio de justicia por parte de la guerrilla del M-19, dio la razón a los reaccionarios y la paloma de la paz fue herida de muerte.

El siguiente gobierno de Virgilio Barco Vargas, inició la más cruenta persecución a quienes simpatizaban con la negociación y el diálogo. Desde el alto gobierno se ordenó a las fuerzas armadas constituir grupos para-militares, comenzando el más grande genocidio contra los militantes del partido de izquierda Unión Patriótica. Pero paralelo a esa demencial carnicería humana, en pueblos y ciudades se recrudeció la violencia con la mal llamada limpieza social, consistente en asesinar indigentes y toda persona que hubiere sido sindicada de cometer delitos comunes.

El sur del Huila no fue la excepción y en el histórico sitio llamado Pericongo, donde el río Magdalena serpentea torrencial en el profundo cañón, sus bravías aguas recibían a diario víctimas, llevadas hasta allí y asesinadas con sevicia por los esbirros del establecimiento para-policial o para-militar. Para las familias de estas víctimas no han existido comités de derechos humanos, personerías, ni procuradurías que reivindiquen sus derechos.

Una gran deuda tiene el estado colombiano con las familias de estos muertos, muchos de ellos arrastrados por las caudalosas aguas del río y nunca encontrados sus restos, y otros enterrados como N.N. en el cementerio de Altamira. Estos homicidios y desapariciones forzadas, permanecen en la más completa impunidad.

Los sucesivos gobiernos de Cesar Gaviria Trujillo y Ernesto Samper, continuaron dando vía libre a los grupos para-militares, para que desalojaran los frentes guerrilleros de zonas geográficas estratégicas del país. El Magdalena Medio, con sus ricas tierras dedicadas a la ganadería; la zona del Urabá antioqueño donde las transnacionales bananeras han tenido su asiento desde hace más de cien años; Barrancabermeja, por su refinería y puerto petrolero y las inmensas zonas ganaderas de Córdoba, Sucre y Cesar.

Sin embargo, durante esta década de los noventa, la guerrilla de las farc logró un inmenso crecimiento, no solo de su recurso humano, sino bélico y de control de extensas zonas geográficas de los territorios nacionales. Al aliarse con los cultivadores de coca, su crecimiento económico le permitió financiar sus operaciones y cambiar las estrategias militares. Pasó de ser un grupo defensivo a ser una guerrilla ofensiva, propinando duros y dolorosos golpes a las tropas militares, mal armadas y mal entrenadas.

El cerrado círculo dominante reunido en exclusivos salones del norte de Bogotá, mientras degustaban caviar y lo bajaban con whiskies, vislumbró que su establecimiento corría serio peligro. En las fronteras de la fría Bogotá merodeaba la guerrilla y solo faltaba una acción intrépida para tomarse el poder, o al menos llegar al histórico palacio de Nariño, centro de operaciones de esa burguesía dominante.

Que mejor estrategia que retomar el discurso de la paz, dejado años atrás por los otros gobernantes. Andrés Pastrana, en un acto casi de aventurero juvenil, se reunió con el legendario “Tirofijo” en las templadas llanuras del Caquetá, prometiendo que bajo su mandato se iniciaría el proceso de paz.

El viejo guerrillero que no era ningún torpe, le cogió la caña a su interlocutor y apoyó semejante oferta, a sabiendas que no era sincera, ni llegaría a ninguna parte.

No es necesario recordar los episodios de ese fallido proceso, que no fracasó por falta de voluntad de las partes, sino que constituyó solo una estrategia del gobierno para tomar un respiro, e iniciar el Plan Colombia y dejar a su predecesor las herramientas para combatirlos con toda su fuerza y crueldad.
Aquí es donde los medios de comunicación han jugado un decidido papel para ilustrar o engañar al pueblo colombiano. Para los grandes medios al servicio de las transnacionales, la culpable del fracaso de los diálogos fue la guerrilla. 

Para quienes observamos objetivamente estos procesos, al pueblo simplemente se ha venido engañando con el discurso de la paz y la guerra, mientras los gobiernos continúan amañando intencionalmente las grandes reformas que necesita el país, y los miembros de esa élite gobernante esquilman los dineros del erario público para llenar sus faltriqueras. Pero de este tema hablaremos más adelante.

Después del engaño de Pastrana, llegó al poder Álvaro Uribe Vélez con su discurso de la guerra. Aprovechando los recursos bélicos dejados por su antecesor, llegados por la firma del plan Colombia, desató la campaña militar para tratar de arrinconar los grupos guerrilleros. No para para derrotarlos como esgrimió en su campaña porque todos los políticos inteligentes son sabedores que los alzados en armas luego de sesenta años de estrategia guerrillera nunca serán vencidos por las armas. Lo hizo para mitigar un poco el accionar guerrillero y defender los grandes terratenientes y empresas petroleras que llegaron a expoliar los recursos naturales. La seguridad democrática no fue para la mayoría de los colombianos que nunca han sufrido la persecución guerrillera, sino para la misma minoría privilegiada dueña de los grandes imperios económicos del país.

Como toda guerra, la patrocinada por el estado se desbordó y finalmente terminó asesinando a humildes colombianos en lo que vergonzosamente se llamó los falsos positivos.

Uribe hizo todas las triquiñuelas necesarias para hacerse reelegir y lo logró para un segundo periodo. La misma oligarquía que lo ayudó a llegar al poder, impidió por medio de la Corte Constitucional que continuará para un tercer mandato.

La llegada del presidente Juan Manuel Santos, quien participó de la anterior administración y es también responsable de todas las violaciones a los derechos humanos, cambió su discurso y abrió los caminos para la negociación y el dialogo con las farc.

Desde el comienzo de esos diálogos fuimos los primeros en brindar nuestro modesto apoyo. Desde las diferentes columnas en varios medios escritos, radiales y virtuales, hemos acompañado al gobierno en estas difíciles negociaciones.

No ha sido en cambio la actitud de grandes medios y periodistas que han atacado permanentemente este proceso. Naturalmente respetamos esas diferencias aunque no las compartimos. Fuimos y seguiremos siendo optimistas sobre este proceso que no dará marcha atrás.

Pero como periodistas dudosos del engaño permanente que por años se ha dado alrededor de la paz, hoy también expresamos nuestras reservas.
¿La paz buscada con afán por el presidente Santos es para todos los colombianos? ¿O es solo para ciertos sectores y ante todo para ese empresariado comprometido con el proyecto neo-liberal? Porque Santos, al igual que Uribe, parece más interesado en lograr la paz para ese minúsculo grupo de los dueños de las mejores tierras del país. Santos y Uribe quieren la paz a su manera, pero a los dos solo les interesa los dos mil trescientos hombres dueños del 53% de las tierras aprovechables de la nación y de los 2.681 dueños del 58% de los depósitos bancarios de Colombia.

Mi afirmación parte de la ausencia de proyectos de ley presentados por el gobierno que permitan realizar una reforma estructural del país. No se ve la voluntad política del presidente Santos de negociar el modelo económico neo-liberal y por el contrario se ufana en afirmar que en la Habana no se está negociando dicho modelo para dejar tranquilo al empresariado.

Tampoco se vislumbran reformas al nefasto sistema de salud que diariamente deja morir cientos de colombianos en clínicas y hospitales.  No está interesado en presentar un proyecto de ley para llevar a cabo la reforma agraria que el país está solicitando desde hace sesenta años y que constituye uno de los caldos de cultivo para incentivar la violencia que hoy se negocia su terminación. No se ve la esperada reforma al sistema judicial, hoy en su nivel más bajo de credibilidad debido a su burocratización, ineficacia y parcialidad a la hora de hacer justicia. No se observa la presentación de proyectos de ley que reformen estructuralmente la educación, burocratizada, y permeada por la corrupción en cuanto a contratos de alimentación y transporte escolar. Es verdad que durante este gobierno se han hecho grandes inversiones a la educación, pero esto es como tratar de llenar un costal con agua, pues muchos de esos recursos solo sirven para engrosar los bolsillos de los alcaldes donde la educación está descentralizada y demás funcionarios corruptos que contratan la alimentación y transporte escolar con fundaciones que se quedan con el 60% de los recursos en detrimento de la nutrición de la población escolar. La misma operación sucede en los departamentos del país.
Temo entonces que este proceso, que está a las puertas de llegar a un final feliz, no será para la mayoría de los colombianos, sino para tratar de desarmar unos actores armados, mientras la mayoría del país seguirá esperando las grandes reformas aplazadas por años, que traerán nuevas formas de violencia.  

Aquí los medios de comunicación y quienes somos actores de los mismos, debemos estar vigilantes para que dichas reformas empiecen a ser presentadas y lograr que este importante proceso no solo constituya el desarme y desmovilización de unos grupos armados, sino que redunde en beneficio de todos los colombianos.

LA CORRUPCIÓN COMO MODA DE HACER POLITICA

Hoy el principal problema que afronta el país, fuera de la desigualdad social que permite que cientos de niños colombianos mueran de desnutrición, lo constituye el mal, la pandemia que se puso de moda en todas las esferas del poder: la corrupción.

En los últimos treinta años surgió el más vergonzoso estilo de hacer política por parte de los partidos tradicionales, que permearon hasta aquellos movimientos opositores que prometían alguna esperanza para los colombianos.

La corrupción comenzó el día que los actores políticos empezaron a invertir cuantiosas sumas de dinero, generalmente el doble de sus ingresos que devengan al ser elegidos para los cargos públicos, en sus campañas políticas.
¿Qué se puede esperar de un concejal, un diputado, alcalde, gobernador, congresista y hasta el presidente de la república que gasta descomunales cifras de dinero en su campaña para lograr el cargo? ¿Será que aman demasiado su patria, departamento o municipio? Claro que no.

La historia de los últimos treinta años nos demuestra que todos estos funcionarios elegidos, en su mayoría han robado el erario público. Los juicios, sindicaciones judiciales o la simple apariencia de un funcionario público que pasa de la pobreza a la riqueza después de ocupar un puesto, un escaño en concejos, asambleas y congreso, demuestra su deshonestidad. El ejercicio de la política sana no enriquece económicamente a nadie.
Después de lograr la paz y reconciliación entre los colombianos, la labor de quien llegue al poder debe ser un combate decisivo contra la enfermedad más grave de nuestro país, la corrupción.

Aquí los medios de comunicación juegan un papel fundamental. En los últimos años han sido los medios quienes han denunciado los grandes escándalos de corrupción de todo el país.

No ha sido así, desafortunadamente a nivel local. Porque el periodismo local está supeditado a las migajas que los alcaldes de turno dan a ciertos comunicadores.

Tenemos que volver a la ética profesional a la hora de ejercer el periodismo. No podemos doblegarnos a la limosna oficial cuando sabemos que algunas administraciones locales están robándose los dineros públicos.
Verdad es que en algunas regiones del país el periodista independiente no tiene garantías para desempañar una labor objetiva. En varios municipios colombianos, ciertos comunicadores han sido asesinados por denunciar, y esto hace que cada periodista sienta miedo, que es un sentimiento natural de los seres humanos. 

Aquí en Pitalito, y sea esta la oportunidad para denunciar, no existen garantías para el ejercicio del periodismo libre e independiente. En los últimos 18 años, dos periodistas han sido asesinados, precisamente por denunciar hechos relacionados con presuntos casos de corrupción.
El periodista Nelson Carvajal fue asesinado en el año de 1998, y la periodista Flor Alba Núñez Vargas, cayó víctima de las balas asesinas hace apenas seis meses. Ambos crímenes permanecen en la impunidad; los dos están relacionados con móviles políticos, según la hipótesis que maneja la misma Fiscalía General de la Nación.

Mientras los presuntos autores materiales e intelectuales de estos dos homicidios permanezcan libres, en Pitalito nos asiste el temor de correr con la misma suerte quienes hagamos denuncias sobre presuntos malos manejos concernientes al erario público.

En Pitalito se percibe un ambiente de incertidumbre, de miedo, de terror por parte de muchas personas, pues el más reciente de estos crímenes, el de la periodista Flor Alba, permanece aún en completa impunidad. Por esta razón no hay garantías para ejercer un periodismo libre, independiente y crítico frente a las autoridades locales y regionales.
Pero no callaremos. Cuando tengamos la certidumbre de presuntos malos manejos en temas que nos conciernen a todos, estaremos prestos a denunciar. Porque la labor del periodismo debe ser esa, hacer de veedor ciudadano para que esta terrible enfermedad de la corrupción no siga desmembrando nuestro frágil sistema democrático.
FRENTE AL POS-CONFLICTO

Tengo la absoluta convicción que el proceso llevado en la actualidad con las guerrillas de las farc, tendrá un rotundo éxito. Y si bien no culminarán con la profunda reforma estructural que anhelamos los colombianos, por lo menos avanzaremos un paso más para empezar a trabajar sobre ella.
Los periodistas y medios de comunicación debemos prepararnos para el pos-conflicto. Es nuestro deber infundir fe y esperanza en quienes comenzarán a caminar por este nuevo sendero de la reconciliación. Con esos actores armados que le apuestan a la desmovilización, y que serán mal vistos por muchos colombianos. A ellos debemos recibirlos con los brazos abiertos, sin malicia, sin miedo, sin rencor.

Sabemos que no es fácil en un país donde el odio y la soberbia, carcome a miles de compatriotas. Esa cultura de convivir con la violencia por más de tres generaciones, debemos invertirla por una cultura de tolerancia, perdón y reconciliación. El amargo sabor a hiel de esos corazones sedientos de venganza, debemos cambiarlos por el dulce néctar del perdón.
En cuanto a los cuantiosos recursos que el gobierno nacional pretende invertir en las zonas de conflicto, los periodistas libres e independientes debemos estar vigilantes. Los mismos deben ser destinados para el uso específico y no para desviarlos para otros propósitos, o en su defecto se los roben como sucede con muchos dineros provenientes de la nación.
Aquí también nos asiste a los periodistas la necesidad de permanecer alertas, difundiendo las cantidades de dinero que la nación invierta, y qué los municipios o departamentos reciban; para qué se destinan y hacer un estricto seguimiento sobre la inversión de los mismos.

Porque si permitimos que estas inversiones se dilapiden o se las roben, el fracaso del pos-conflicto nos retrocederá a peores formas de violencia.
Finalmente quiero extender una respetuosa invitación a aquellas personas aquí presentes, que tengan duda sobre el proceso de paz; aquellos que aún no creen en este proceso, si los hay, para que confiemos plenamente.
Nunca antes un proceso de paz con una guerrilla ha estado más cerca de lograr los objetivos como este. No obstante las críticas que he hecho al presente gobierno, nunca antes un presidente como Juan Manuel Santos se había jugado su prestigio frente a un proceso de paz.

Y nunca antes una guerrilla de la tradición de las farc, había llegado tan lejos en un proceso de negociación. Ambas partes, tanto gobierno y guerrilla, han tenido que ceder espacios que parecían irreconciliables y vencer obstáculos frente a quienes se oponen al proceso y le apuestan al fracaso.
Pero en eso consisten las negociaciones entre quienes están en guerra. Tanto el estado como los alzados en armas perderán muchos espacios y privilegios de los que parecía imposible ceder. Pero lo hacen con nobleza, con grandeza de patria, para que finalmente el ganador sea el pueblo colombiano.      

Pitalito, marzo de 2016.


   


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