Santiago
Villarreal Cuéllar
En su reciente posesión como Secretario
Municipal de Salud de Pitalito, el médico Marco Aurelio Puentes manifestó que
una de sus metas será “acabar con la Ley 100.” No es el primer funcionario de
la salud del orden municipal en Colombia que tiene conciencia de los defectos
de dicha Ley. Y es que desde su aprobación en 1993, esta norma truncó
definitivamente los preceptos constitucionales contemplados en el artículo 49
de la Carta Magna. Después de 20 años, no se ha cumplido en Colombia la anhelada
universalización de la salud, la prevención de enfermedades, ni mucho menos la
prestación de una salud integral. Por el contrario, enfermedades como la
malaria, el paludismo, la tuberculosis y otras que estaban erradicadas con el
antiguo sistema, que no era el mejor, reaparecieron nuevamente debido a la
negligencia de las E.P.S. particulares en la prestación del servicio. Es precisamente la intermediación
de esas voraces fieras llamadas E.P.S, lo que origina todo ese desangre en el
presupuesto destinado para la salud. Concebida dentro del modelo económico neo-liberal,
la Ley 100 permite a unos intermediarios innecesarios, quedarse con gran parte
del dinero de la salud y prácticamente robarle el derecho al ciudadano de tener
una buena calidad de servicios.
Los colombianos todos, sin ninguna excepción,
debemos presionar al gobierno nacional y al congreso de la república, para que
presente un proyecto de ley que permita al Estado encargarse directamente de la
prestación de ese fundamental servicio, contratando directamente con las E. S.
E., hospitales y clínicas privadas si es necesario, un servicio integral y de
calidad. Además, el llamado POS debe modificarse radicalmente para que cubra
todas las patologías, tratamientos, y suministre medicamentos de buena calidad,
incluyendo aquellos de marca. De la misma manera, la prestación de la salud
debe ser gratuita, obligatoria y universal para todas las clases sociales, y no
como se presta en la actualidad, donde solo las personas de estratos uno, dos y
tres tienen ese derecho limitado, violando flagrantemente derechos
fundamentales como la vida y la igualdad frente a la Ley. Porque esa es otra
talanquera que coarta muchos derechos a los ciudadanos, el llamado SISBEN, que
supuestamente mide las condiciones socio-económicas de los colombianos.
La presión sobre el ejecutivo y legislativo,
tendrá que tener suficiente fuerza popular, pues no será fácil, ya que muchos
congresistas y miembros del alto gobierno son accionistas de las E.P.S. Esa ha
sido la razón fundamental por la cual los distintos gobiernos no han querido derogar
la ley 100, porque ello significa tocar los intereses económicos de muchos de sus
amigos.
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