Santiago Villarreal Cuéllar
La desafortunada opinión emitida
por el Procurador Alejandro Ordóñez, con relación a la propuesta del alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro, de suministrar fármacos a algunos drogadictos, además de
grosera, no corresponde a las palabras de una persona de tan alta dignidad.
Este es un debate que se debe hacer con altura, con argumentos científicos y
sociales, sin caer en ligerezas. El señor Petro no está proponiendo legalizar
el consumo de estupefacientes, sino brindar ayuda sanitaria a cientos de miles
de adictos de psicotrópicos y drogas duras. Ayuda que se extendería principalmente
para aquellas personas de bajos recursos económicos y habitantes de la calle,
quienes se ven abocados a robar para comprar estupefacientes. Esa es la
diferencia entre los partidarios de la represión y el asesinato de drogadictos,
y los humanistas que preferimos tolerar, convivir y asistir a los
desafortunados, que por una razón u otra, han caído victimas de enfermedades
psicosomáticas, entre las que se incluyen, alcohólicos y fumadores de tabaco.
Claro está que estos últimos no son mal vistos por una sociedad hipócrita e
ignorante, que poco sabe sobre los problemas estructurales por los cuales un
ser humano se convierte en adicto, o compulsivo a las drogas.
La propuesta del alcalde Petro,
no es original. La primera “sala de consumo controlado de drogas,” se abrió en
la ciudad de Berna Suiza, en el año 1986. Desde sus comienzos arrojó excelentes
resultados, tanto sanitarios como sociales en la prevención del delito.
Posteriormente se siguieron abriendo en varios países europeos, como Holanda,
Alemania, Austria, e Inglaterra. En total, son nueve naciones europeas las que
cuentan con estos centros de consumo controlado. Canadá tiene una en la ciudad
de Vancouver y existe otra en Sídney Australia. Los resultados han sido
exitosos, por lo que alcaldes de izquierda y de derecha las ayudan a financiar,
pues son ellos los que cargan con los problemas de inseguridad que acarrea la
proliferación de drogadictos sin control, deambulando y delinquiendo por las
calles. Algunos se preguntan, cómo compraría el Distrito de Bogotá la cocaína,
marihuana y heroína para suministrarla a estos enfermos, si en Colombia
constituye un delito. La respuesta es sencilla: a estas personas se les puede
suministrar drogas sintéticas que producen los mismos efectos, las cuales están
debidamente legalizadas por el Ministerio de la Protección Social, como es el
caso de la metadona, la morfina y algunos ansiolíticos. Nadie está proponiendo
suministrar bazuco ni pegante a estos enfermos. Lo que se trata es de
rehabilitar aquellos que pueden tener algún tratamiento, y mantener la dosis
para aquellos crónicos que no tienen ninguna esperanza.
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