Santiago Villarreal Cuéllar
Por las calles de Puerto Asís, La Hormiga,
Orito, Puerto Guzmán, y otros municipios del bajo Putumayo, reparten panfletos invitando
a la población campesina a no sembrar más coca. Dicen que los autores de estos
papeles son miembros de las farc. La “campaña” anuncia que al entrar en
vigencia los acuerdos de negociación y paz celebrados en la Habana entre esta
guerrilla y el gobierno, estas zonas deben estar libres de cultivos ilícitos.
Ignoramos si los miles de panfletos son costeados con dinero del presupuesto
nacional o corren por cuenta de las farc. Nadie por supuesto pregunta porque
ello incomodará los guerrilleros que todavía andan armados por pueblos y
veredas de esta extensa, rica y hermosa región amazónica. Suena paradójico que
este grupo alzado en armas que financió parte de su guerra con dineros
provenientes del cultivo de esta noble planta, ahora inicie una “cruzada” para
erradicarla. Seguramente dentro de los acuerdos de paz se negocia la ayuda de
esta guerrilla para tratar de extirpar la planta que da de comer a millones de
personas, no solo en los países como el nuestro donde se produce, sino en los
demás donde se vende el clorhidrato de cocaína con fines “recreativos.”
Creemos que no están dadas las condiciones
para comenzar a disuadir a los campesinos para que no cultiven más la planta,
porque no existe un programa de sustitución de cultivos que garantice a las
cientos de miles de familias que devengan su sustento de este negocio para obtener
otros ingresos, que deberán ser más rentables y no inferiores a los
provenientes de este. Esta “campaña” de por sí violenta, porque seguramente en
las zonas rurales debe ser armada e intimidatoria, solo originará otro éxodo
masivo de campesinos, que no es otra cosa que un desplazamiento forzado para
otros lugares del país. No entendemos la política de las farc, que hasta hace
unos años incentivaba la siembra de coca, ahora pretenda con el gobierno su
erradicación, sin ninguna garantía para la seguridad alimentaria y la
supervivencia del campesinado.
Por otra parte, el gobierno colombiano,
tímidamente adelanta otra campaña en el exterior para convencer a los gobiernos
del fracaso de la lucha contra las drogas ilícitas. En pocas palabras, pide a
gritos cambiar el modelo represivo por otro legalista, es decir, permitir el
libre comercio de estos alucinógenos. No entendemos estas dos posiciones antagónicas.
No hay coherencia entre el discurso externo y la represión interna. De lo que
sí estamos seguros es que nadie sobre la faz de la tierra, ni siquiera las farc
podrán acabar con los cultivos ilícitos.
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