Santiago Villarreal Cuéllar
La historia de las naciones latinoamericanas
está llena de constituyentes. Desde la independencia cada pueblo soberano creó
sus instituciones basado en modelos europeos de moda en esa época. Somos
pueblos diferentes, culturas distintas, no obstante tener una lengua común (el
español); idiosincrasias nacidas de la fusión de un pueblo aborigen casi
extinguido por el invasor, pero con una rica cultura. A eso debemos añadir el
legado religioso-cultural de etnias traídas forzosamente por inescrupulosos
mercaderes (afro-descendientes) que si bien parecían marginados, influyeron
decisivamente en la formación de nuestra cultura política. Durante el siglo XIX
y XX, muchas constituciones fueron promulgadas en cada país con la vana
esperanza de solucionar los graves problemas políticos, sociales y económicos
de sus pueblos. En la primera década de este milenio no hemos evolucionado en
esta creencia y varias repúblicas estrenaron nuevas constituciones; algunas han
sido exitosas, otras amenazan con fracasar. Salvo la república mexicana, cuya
constitución actual es la promulgada en la ciudad de Querétaro en 1917, fruto
de la revolución de 1910, las demás naciones tienen varios periodos promulgando
cartas fundamentales, muchas de ellas derogadas y puestas en vigencia alguna de
las anteriores.
Colombia no ha sido la excepción; hemos
tenido distintas constituciones desde la independencia. Algunas no han
perdurado sino tres años, como la de 1858, pues en 1861 se promulgó la carta de
Río Negro, de corte federalista. La que más años permaneció rigiendo los
destinos del país fue la de 1886, que fue reemplazada en 1991. De reformas ni
hablar; cada constitución ha sido enmendada al otro día de ser promulgada.
Somos un país de juristas, leguleyos y especialistas en expedir leyes que nunca
se cumplen. Además de ser un pueblo acostumbrado a tergiversar la legislación y
de interpretarla al vaivén de las circunstancias y conveniencias; de allí el
dicho popular de: hecha la ley, hecha la trampa.
En vísperas de firmar el acuerdo de paz entre
las farc y el gobierno, las primeras proponen una asamblea constituyente para
finiquitar esos acuerdos y hacer algunas reformas. El gobierno se niega a esa
propuesta. Puede que las intenciones de la guerrilla sean buenas. Pero en el
actual panorama político que vive el país, me parece inconveniente convocar al
pueblo a una constituyente. Sería un fracaso total pues la derecha gobernante y
la orientada por el ex presidente Uribe, ganarían la mayoría de escaños en
dicho escenario. Podría terminar haciendo lo contrario del pensamiento progresista
y pondría en peligro algunos logros alcanzados en la carta actual. La tutela es
codiciada para tumbarla; es un solo ejemplo de lo que podría suceder.
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