Santiago Villarreal Cuéllar
Hombres golpeados; mujeres violadas; los
calabozos de la antigua P.T.J. convertidos en sitios de tortura; cientos de
desaparecidos. Todo ocurrió durante los años del Pacto de Punto Fijo en
Venezuela, durante los mandatos de Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis
Herrera Campins y Jaime Lusinchi. Grandes “demócratas,” según el Pentágono y
los medios mediáticos de la época. Las víctimas: colombianos que cruzaban ilegalmente
la frontera; los políticos, medios de comunicación y gobiernos colombianos guardaban
silencio. Gobernaban a Venezuela los “buenos;” pero ahora gobiernan los
“malos;” esos que desobedecen los mandatos de Washington, la Unión Europea, el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; esa logia de Hugo Chávez, y
ahora Nicolás Maduro; esos son los que persiguen a los colombianos; los otros
no perseguían, sencillamente torturaban, asesinaban y desaparecían.
La migración de colombianos a la hermana
república de Venezuela se inició en la década de los años cincuenta; la
violencia desatada por el establecimiento, cuando los “pájaros” (grupo
para-militar) asesinaba y desplazaba cientos de miles de compatriotas, muchos
decidieron irse al vecino país. Los años siguientes han sido de constantes
migraciones, unos desterrados por la guerrilla, otros por el establecimiento y
muchos por grupos para-militares. La mayoría se fue por falta de oportunidades;
una sociedad marginada, sin estudio, sin empleo. La cúpula gobernante al
servicio de una clase privilegiada, nunca se ha interesado por realizar
reformas estructurales para hacer una Colombia más equitativa, es responsable
de esta migración; hoy se rasgan las vestiduras gritando necedades contra el
gobierno vecino, cuando ellos saben que son los responsables del
desplazamiento, tanto interno, como hacia otras naciones. Con la llegada de
Hugo Chávez al poder, las fronteras del vecino país se volvieron más flexibles y
se legalizaron millones de compatriotas que vivían ilegalmente.
Son dos son las razones por las cuales el
gobierno de Maduro inició la deportación de colombianos. La primera: un
porcentaje de estas personas están vinculadas a grupos para-militares y
delincuenciales; otro porcentaje está dedicado al contrabando en pequeña y gran
escala; y otro gran porcentaje (los inocentes) no han resuelto su situación
migratoria; no poseen visados, no son refugiados, asilados, ni poseen cedula de
transeúnte o residente. En cualquier país del mundo las personas con estas
características están avocadas a la deportación y/o judicialización. La
segunda: el presidente Maduro y su grupo político atraviesa por una crisis que
amenaza su permanencia en el poder; existe la necesidad de crear condiciones
propicias para ganar confianza; nada mejor que agitar las banderas
nacionalistas; este cierre de fronteras será para rato; y a pesar de todo, es
un litigio entre hermanas.
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