Santiago Villarreal Cuéllar
Mientras la
muchedumbre esperaba en la clínica Navarra, la salida del presunto culpable de
la violación y asesinato de Yuliana Samboní, los gritos histéricos repetían en
coro: pena de muerte al violador. Algunos políticos oportunistas proponen abrir
el debate sobre la cadena perpetua. Seguramente en la próxima campaña
electoral, más de un politiquero prometerá
presentar proyectos para aprobar la cadena perpetua, la castración química o
hasta pena de muerte para quienes cometan este execrable delito. Como la
demagogia y el populismo están de moda en la política será una buena estrategia
para atraer la simpatía de ese electorado aburrido y desconfiado, y así
ahorrarse los tamales, el aguardiente, el cemento y los cincuenta mil pesos.
El reprochable
delito de violación sexual contra niños, sumado al asesinato de los pequeños,
es de los más horrorosos en cualquier parte del mundo. Basta recordar la
tragedia ocurrida hace varios años en San José de Apartadó Antioquia, cuando
los para-militares decapitaron varios niños y luego jugaron futbol con sus
cabezas para darnos cuenta de la barbarie, o cuando violaban niñas de once y
doce años. Claro que en ese momento no salió la muchedumbre a pedir la pena de
muerte para los culpables.
Pero creer que la
cadena perpetua, la castración química o la pena de muerte será la solución
para impedir más violaciones, es una solución igual de bárbara. En Colombia la lucha
debe centrarse es contra la impunidad y la corrupción de la justicia. Las penas
actuales (sesenta años) para este delito son suficientes. Lo que sucede es que en
la mayoría de los casos no se puede probar la culpabilidad del delincuente, y
es allí donde está la falla de nuestra justicia. Debemos crear un organismo de
inteligencia que investigue y logre recopilar pruebas que constituya un
verdadero acerbo que permita al juez asegurar el castigo del abusador. Los
actuales investigadores no son suficientemente profesionales, ni cuentan con
las herramientas necesarias para recopilar pruebas reina que permita al juez
aplicar justicia. Por otro lado la corrupción de investigadores, fiscales y jueces
también es evidente, y esto también impide la aplicación de la ley. Antes de
aprobar leyes crueles y temerarias, debemos procurar el mejoramiento del sistema investigativo.
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