Santiago Villarreal Cuéllar
Atracos a cualquier
hora del día y la noche en calles, céntricas y periféricas; robo de
motocicletas en la ciudad y el campo; asaltos a fincas; bandas delincuenciales
asechando sus víctimas ante la mirada temerosa de la gente. Así está la ciudad
y zonas rurales del hermoso Valle de Laboyos, otrora apacible por cuyas vías
urbanas y campesinas se transitaba sin temor de ser atracados y hasta
asesinados por malandros que se apoderaron de una ciudadanía atemorizada e
insegura. Muchas autoridades civiles, policiales y militares, no les gusta que
se revele la cruda realidad. Argumentan que no debemos hablar mal de la ciudad;
que muchos turistas no vienen por temor cuando conocen estos hechos. Pero no
podemos tapar el sol con las manos; la ciudadanía laboyana está harta de esta
terrible situación; no aguanta más; no quieren seguir callando una realidad que
crece diariamente. No podemos callar un derecho que tenemos los ciudadanos de
tener unas mínimas garantías de seguridad. Garantía que deben brindar las
autoridades legítimamente constituidas; esas que devengan un sueldo pagado con
los impuestos que tributamos todos los ciudadanos. Hoy se levantan voces
inconformes reclamando la conformación de grupos de justicia privada, ante la
ineficacia de las autoridades legales, y por el terror de ser víctimas de los
delincuentes. Naturalmente quienes creemos en el derecho y la legalidad
rechazamos rotundamente esta solicitud, pero ante todo porque defendemos los
derechos humanos. Esta no constituye la solución, sino el derrumbe total de una
sociedad y caer en el abismo de la barbarie.
La solución
corresponde a todos. Debe haber un engranaje entre la sociedad civil, la
principal víctima, las autoridades civiles, policiales, judiciales, militares y
religiosas. No debemos olvidar que Pitalito posee uno de los más altos índices
de desempleo, aspecto que contribuye al crecimiento de la ilegalidad y
criminalidad. Muchos barrios periféricos, en los cuales se ubican las guaridas
de los delincuentes, carecen de viviendas dignas, agua potable permanente, vías
pavimentadas y sin mantenimiento; alcantarillados obsoletos, falta de alumbrado
público, y unas condiciones sociales deprimentes de sus familias; muchas
desayunan con agua de panela y una tostada, y el almuerzo se compone de arroz y
una bebida azucarada. Con estas desigualdades y necesidades nada distinto puede
esperarse sino el engendro de seres humanos inconformes, cuya única oportunidad
es la ilegalidad en todas sus formas.
No basta la
represión policial y militar; grandes recursos deben ser invertidos para
mitigar estas necesidades. La administración municipal debe presentar proyectos
al departamento y la nación para invertir en lo social. De lo contrario el
hampa puede ganar la batalla.
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