Santiago
Villarreal Cuéllar
El escritor y premio Nobel de
literatura Mario Vargas Llosa, siendo candidato presidencial de su
país en 1989, fue el primero en reconocer que los vendedores
ambulantes constituían una importante fuente de ingresos para el
estado. Llamó a este importante gremio, esparcido por calles de
pueblos y ciudades, no solo de su Perú natal, sino de todos los
países subdesarrollados del mundo, la economía informal. Planteaba
el escritor, convertido en ese entonces en político, que el gobierno
en lugar de perseguirlos debía establecer un impuesto para ellos y
de esa forma se percibiría un importante ingreso que engrosaría las
arcas públicas.
En la década del noventa se
impuso en la mayoría de naciones latinoamericanas el nefasto modelo
económico neo-liberal, una de cuyas figuras quedó plasmada como
precepto constitucional, hábilmente disfrazado de protección del
espacio público, en la mayoría de constituciones, elaboradas o
reformadas para dar paso al maléfico modelo. Con ese derecho,
mediante acciones de amparo, los grandes comerciantes de las
principales ciudades, lograron que los gobiernos locales iniciaran un
combate contra los vendedores informales. Con estas medidas se
pretende despejar el espacio público y monopolizar el negocio en
pocas manos de los comerciantes formales.
Se pretende esconder la pobreza
de pueblos y ciudades, que debido a los altos índices de desempleo,
estas personas se ven obligadas a recurrir al rebusque, es decir a
comprar baratijas y víveres para lanzarse a las calles, y
venderlos. Con el producido llevan cualquier comestible para mantener
sus familias, generalmente numerosas, desnutridas, quienes viven en
las periferias pues sus ingresos no alcanzan para pagar apartamentos
decentes.
El problema de las ventas
ambulantes nunca se podrá combatir como si fueran delincuentes,
utilizando la fuerza pública y otros verdugos. Este es un problema
estructural que debe resolverse cambiando el modelo económico por
otro más equitativo. Mientras esto no suceda, jamás los gobiernos
locales podrán despejar el espacio público, porque prima el derecho
de la supervivencia de estas numerosas familias.
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