Santiago Villarreal Cuéllar
Colombia
continúa ocupando el deshonroso segundo país del mundo, después de Ruanda en el
África, con el mayor número de personas desplazadas dentro de su propio
territorio. Claro está que un pequeño porcentaje de desplazados, en realidad no
lo son, y se trata de aquellos “vivos” que ven en esa figura una oportunidad
para recibir ayudas del Estado. De todas formas, el conflicto armado que vive
nuestra nación desde hace cincuenta años, ha obligado a millones de colombianos
a abandonar sus terruños y marcharse para otro lugar.
Y
como dijo alguna vez nuestro Premio Nobel Gabriel García Márquez, que en
Colombia la realidad se parece a la ficción, seguramente pronto ocuparemos otro
lugar dentro de los record, con el desplazamiento de los muertos. Lo curioso de
este fenómeno de desplazamiento forzado de difuntos, es que ocurre precisamente
en nuestra querida ciudad de Pitalito.
Todo
por obra y gracia de un personaje que un día se le ocurrió instaurar una Acción
Popular, nada más ni nada menos, que para reubicar el cementerio de la ciudad.
El argumento: la protección del medio ambiente, pues según el querellante, este
lugar no reúne las cualidades sanitarias para esos menesteres. El Juez Tercero
Administrativo de la ciudad de Neiva, a quien correspondió por reparto resolver
la demanda, se conmovió profundamente y se condolió de los pobres ciudadanos
que habitan los alrededores del cementerio, quienes a diario tienen que
aguantar el hedor, las moscas y todo lo que resulta de la putrefacción de un
cadáver. Estudió el caso con esmero, consultó asesores, buscó sentencias
similares, que seguramente no encontró pues no existen precedentes, y tengo la
absoluta seguridad, se encomendó a las benditas almas del purgatorio para
dictar sentencia. La profirió en el año 2009, ordenando al municipio de
Pitalito el cierre del cementerio, o en su defecto, realizar adecuaciones para
mitigar los daños ambientales causados a los querellantes. Los asesores
jurídicos del mandatario anterior, aconsejaron al burgomaestre zafarse la
jáquima y tirársela a la Parroquia de San Antonio, que al igual que la mayoría
de parroquias del país, han tenido el monopolio de los cementerios. El párroco
guardó silencio y de nuevo acudió a las estancias estatales. El mandatario de
los laboyanos pidió prologa al Juzgado y continuaron enterrando los difuntos en
el mismo lugar.
Mientras
definen otro lugar para reemplazarlo, los difuntos de Pitalito tendrán que ser
desplazados forzosamente a otros municipios, como si hasta los muertos no
fueran dignos de descansar en su terruño.
Algunos
empresarios vieron la oportunidad de entrar en el negocio de los muertos y
entonces surgió el proyecto El Campanario, que fue inaugurado con bombos y
platillos el viernes 16 de marzo de 2013, con lo que se privatizan los entierros,
haciendo más costoso el proceso natural de la muerte. Si en vida el difunto
sufrió penalidades económicas para sobrevivir, después de muerto los familiares
tendrán que saltar matorros para enterrarlo.
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